El juez de Garantías de Cuarta Nominación de Salta, Diego Rodríguez Pipino, hizo lugar al pedido realizado por la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos al sostener que "la evidencia recogida surge que el investigado, mediante personas interpuestas para disimularlo, habría obtenido un incremento patrimonial apreciable posterior a la asunción de su cargo como gobernador de la provincia".

La fiscalía consideró que ese incremento patrimonial "aparecía como considerable e injustificado, en tanto se presentaba como excesivo respecto a los ingresos legítimos que hubiera tenido durante el ejercicio de sus funciones, sean que hubieran provenido de su función o aún de la actividad privada en la que participaba".

El juez consideró que la medida surge como "adecuada para resguardar preventivamente los bienes que eventualmente pueden ser decomisados y evitar que se realicen actos evasivos tendientes a ocultar y dificultar la detección de los bienes sujetos a decomiso -enajenación a terceros, etc.-", detallaron los voceros judiciales.

Por esta causa, Rodríguez Pipino ya había solicitado en abril pasado el desafuero del senador nacional y ordenó librar los oficios correspondientes al Senado de la Nación, según el artículo 1 de la Ley 25320, por la "actitud evasiva" de Romero, que no se presentó a declarar en tres citaciones de la fiscalía que entiende en la causa.