Los jueces de la Sala I --Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Luis Ballestero-- acompañaron los argumentos de Ercolini para rechazar la citación indagatoria al considerar que es necesario aguardar las pericias contables que dispuso el magistrado para determinar el valor de la empresa. La causa a cargo de Ercolini impulsada por la familia Gravier en 2010.

Ercolini había rechazado el planteo del fiscal Leonel Gómez Barbella, quien solicitó la declaración indagatoria de los entonces titulares de Papel Prensa, por la supuesta comisión de los delitos de extorsión y de lesa humanidad en el proceso de compra de las acciones de la empresa.

La indagatoria solicitada por el fiscal apuntaba Herrera de Noble, Magnetto, y Mitre; así como al exdirectivo de La Razón, Guillermo Juan Gainza Paz y al ex funcionario Juan Pío Podestá.

Cada uno con sus fundamentos, los jueces Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Luis Ballestero también rechazaron la apelación del representante del ministerio de la secretaría de Derechos Humanos, Luis Alén.

Freiler avaló la investigación en marcha, aunque aclaró que se necesita llevar adelante una pericia para "descifrar si el valor fijado en los contratos de cesión de las acciones era o no 'irrisorio'", tal como acusa la familia Gravier.

Por su parte, Farah consideró que "tildar de inútil el peritaje de tasación histórico-contable respecto del precio de venta de la firma de Papel Prensa contrasta con una realidad de puro sentido común".

El camarista dijo también que "la privación de la libertad de los integrantes del GG (Grupo Graiver) fue varios meses posterior a la transferencia cuestionada de las acciones" y cuestionó las declaraciones de Lidia Papaleo de Graiver porque "cuanto menos, no fue uniforme con el paso de los años".

En tanto, el juez Ballestero valoró el "espíritu de prudencia" de Ercolini para aguardar la pericia contable, porque "no es un capricho ni una arbitrariedad" porque "será tiempo seriamente invertido a la carga de asegurar las bases de una causa sólida que permita erigir una justa decisión".

Durante la audiencia preliminar, realizar el 23 de junio pasado, el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, había subrayado la gravedad de la inacción de la justicia porque "queda la zozobra de las víctimas y de los victimarios porque hay sospechas sobre ellos".

En la causa, a cargo de Ercolini, se investiga si la empresa fabricante de papel de diarios fue vendida a "precio vil" durante la última dictadura cívico militar por la familia Graiver a los diarios Clarín y La Nación, en medio de amenazas y violaciones a los derechos humanos.

La denuncia apunta a la apropiación compulsiva de la empresa mediante la detención y luego el secuestro de integrantes de la familia Graiver, tenedora de las acciones.