La integración de la Corte quedó firme por el rechazo de las recusaciones que había realizado el frente opositor Acuerdo para el Bicentenario para separar del caso a Posse y a Moisá. El primero había sido cuestionado por su carácter de hermano del fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, y el segundo por ser exfuncionario del actual gobierno provincial.

Los jueces Ibáñez, Moisá y Bejas confirmaron a Posse con la disidencia de Goane, quien sostuvo que su par debía apartarse del juicio. Tampoco fue aceptada la pretensión de separar a Moisá, cuñado del legislador del Frente para la Victoria Sisto Terán Nougués, recusación que fue rechazada por unanimidad.

La fiscal de Cámara, Marta Ignacia Jerez de Rivadeneira había dictaminado que las elecciones eran válidas y, en consecuencia, la Corte era la que debía revocar el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

Fuentes del Acuerdo para el Bicentenario anticiparon que presentarán un recurso extraordinario para que el caso llegue hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por su parte, los dirigentes justicialistas Javier Noguera y Darío Monteros denunciaron a los jueces que habían anulado las elecciones provinciales, Ebe López Piossek y Salvador Ruiz, y los acusaron por los delitos de sedición y prevaricato. Además solicitaron su inhabilitación para ocupar cargos públicos.