El máximo tribunal expuso que desde 2009 “ha advertido con insistencia que es necesario enfrentar el problema del narcotráfico y toda la actividad delictiva vinculada con este flagelo”.

Los magistrados recordaron que al resolver el caso “Arriola” se exhortó a todos los poderes públicos a “asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas con información y educación disuasiva del consumo”.

Entre las funciones de la Comisión están la de mejorar la coordinación entre los tribunales y las demás dependencias del Estado, capacitación a los operadores judiciales, creación de un registro de causas sobre narcotráfico y profundizar la comunicación con las fuerzas de seguridad.