Zoni aclaró que "Nom bis in idem significa 'no dos veces sobre lo mismo' (...) Una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos" y supone que no se imponga "duplicidad de sanciones".

Por consiguiente, el fiscal planteó al juez federal Rodolfo Canicoba Corral la desestimación de la denuncia radicada por "Dignidad y Justicia", que reúne a víctimas del terrorismo y que preside Daniel Portero, hijo del fiscal Luis Portero, asesinado a tiros en su casa en Granada, España, en 2000.

La presentación enumeró 377 crímenes adjudicados a ETA entre 1994 y 2004, entre ellos los asesinatos a tiros, en 1997 y 1998, de José Luis Caso y Francisco Zamarreño, concejales del centroderechista Partido Popular (PP) en la localidad vasca de Rentería.

Los denunciantes invocaron la doctrina de la Justicia Universal en su pretensión de que la justicia argentina se declare competente, ya que la Audiencia Nacional estableció que los delitos de ETA anteriores a 2004 no pueden ser considerados de lesa humanidad, y por consiguiente muchos prescribieron.

Los denunciados son 22 exmiembros de la Mesa Nacional del ya disuelto partido Herri Batasuna, que según "Dignidad y Justicia" firmaron la llamada "Ponencia Oldartzen" que llamaba a los etarras a ampliar el abanico de atentados a políticos y empresarios, además de policías y militares.

La denuncia también alcanzaba a 19 exdirigentes de ETA, varios de los cuales están cumpliendo penas de prisión en España, algunos considerados militantes históricos de la organización, entre ellos Ignacio Miguel García Arregui, alias "Iñaki de Rentería", y Javier García Gaztelu, alias "Txapote".

A partir del dictamen del fiscal, Canicoba Corral se abocará a archivar la denuncia. Pero "Dignidad y Justicia" tendrá la última oportunidad de recurrir la decisión de Zoni solicitando la condición de querellante y apelando en la Cámara Federal.

La Justicia federal ya impulsa una causa penal referida a España y bajo la doctrina de la Justicia Universal, que tramita María Servini de Cubría contra expolicías, militares y políticos del franquismo español acusados de crímenes de lesa humanidad.

La denuncia había sido radicada por víctimas del franquismo el 14 de abril de 2010 -aniversario de la Segunda República española- y la jueza ha tomado varios testimonios e incluso ha solicitado a España sin éxito la extradición de 17 exfuncionarios y policías franquistas, entre otros, los exministros de Presidencia Rodolfo Martín Vila y Alfonso Osorio García.