"Después de años de reclamar el derecho a decidir, decidimos simplemente ejercerlo", aseguró el diputado de Junts pel Sí, Raúl Romeva, al defender la resolución en el pleno del parlamento catalán, mientras que la diputada de la CUP Anna Gabriel sostuvo: "Esta declaración no es una DUI (Declaración Unilateral de Independencia): es un acto íntegro de soberanía, y para nosotros, de ruptura".

El documento aprobado, según informó El País, contempla un plazo de un mes para realizar "la tramitación de las leyes del proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública", tareas que permitirán "el proceso de desconexión democrática" de España.

La declaración insta al próximo gobierno catalán -que aún no se constituyó- a cumplir exclusivamente las normas y mandatos del nuevo parlamento de mayoría independentista y a desobedecer tanto los tribunales españoles como al Estado español respecto a leyes que atenten contra los derechos fundamentales de los catalanes.

Sin embargo, el presidente Rajoy anunció que puso en marcha el proceso para suspender la declaración secesionista aprobada por Cataluña y reiteró que "nadie va a romper" España. "En el mismo momento en que se ha aprobado la declaración, el gobierno ha tomado una decisión contundente e interpondrá un recurso de inconstitucionalidad", aseguró el jefe de Estado.

"Estén tranquilos y confíen en sus instituciones. Cataluña no se va a desconectar. Nadie va a quedar desamparado. Somos una nación libre europea, una sociedad de ciudadanos libres e iguales", insistió Rajoy.

Durante el histórico debate, los partidos opositores no secesionistas argumentaron que la declaración es ilegal porque es contraria a la Constitución española y el propio Estatuto catalán - ley de autogobierno-, e ilegítima puesto que los independentistas vencieron en las elecciones del 27 de septiembre pero no cuentan con más del 50 por ciento de los votos ni han celebrado un referéndum para llevar a cabo un proceso de secesión.