Cristina de Borbón seguirá sentada en el banquillo de los acusados por la causa de la Fundación Nóos, cuyo juicio oral se retomará el próximo 9 de febrero, de acuerdo con el calendario establecido por el tribunal de Palma de Mallorca a cargo del proceso.

En su resolución, la Audiencia Provincial de Palma rechazó los argumentos de los abogados de la infanta, de la Fiscalía Anticorrupción y de la Abogacía del Estado, quienes en el inicio del juicio, el pasado 11 de enero, defendieron la aplicación de la "doctrina Botín" para solicitar que se archivara la parte de la causa que afecta a la hermana del actual monarca.

Según la citada jurisprudencia del Tribunal Supremo, aplicada por primera vez en 2007 en beneficio del ya fallecido ex presidente del Banco Santander Emilio Botín, frente a los delitos fiscales no cabe abrir juicio oral cuando el único querellante es la acusación popular y ni el Ministerio Fiscal ni la Abogacía del Estado, que representa al damnificado, que es la Hacienda pública, no acusan. A la infanta Cristina solamente la acusa el seudo sindicato Manos Limpias, que pide para ella ocho años de prisión por cooperar con dos delitos fiscales presuntamente cometidos por Urdangarin.

Pero contrariamente a la opinión del fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, y la Abogada del Estado, Dolores Ripoll, el tribunal dictaminó sobre esta cuestión que Manos Limpias tiene legitimidad para impulsar el proceso contra la infanta. Entre los argumentos esgrimidos en la fase de cuestiones previas, la abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, sostuvo que existía una diferencia clara con el caso del banquero Botín y es que éste último era el único acusado y la causa fue archivada en su totalidad.

En cambio, respecto a los delitos que se le atribuyen a la infanta existe otro acusado, Urdangarin, y tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado consideran que la evasión se cometió y, además, que Cristina de Borbón se beneficio, puesto que reclaman su responsabilidad civil, explicó la letrada, recordando que el juez instructor del caso, José Castro, ya había desestimado la aplicación de la doctrina Botín.

Cristina de Borbón se convirtió en la primera integrante de la Corona española en tener que responder ante la justicia por delitos de evasión que se derivan de un escándalo de corrupción que estalló en plena crisis económica cuando España duras medidas de ajuste y provocó una gran indignación en la sociedad española. En el caso de la Fundación Nóos están imputadas un total de 18 personas involucradas en el saqueo de más de 6 millones de euros de las arcas públicas a través de una trama urdida por Urdangarin y su ex socio, Diego Torres, quienes utilizaron las conexiones políticas de la realeza para adjudicarse negocios con gobierno que estaban en manos del Partido Popular (PP) sin que mediara contrato alguno.

Urdangarin, considerado el cerebro de la trama, afronta un pedido de 19 años y medio de prisión por delitos de prevaricato, fraude, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, entre otros. Por su parte, Diego Torres, enfrenta una solicitud de 16 años y medio de cárcel. De acuerdo con el juez instructor, al menos un millón de euros que fueron obtenidos por la Fundación Nóos de forma ilícita fueron a parar a la empresa Aizzon, una "sociedad pantalla" ideada por la trama, que Cristina de Borbón y Urdangarin comparten al 50 por ciento y que éste último utilizaba para defraudar a la Hacienda. El magistrado sostiene que la hija del rey Juan Carlos I incluso cargó a las cuentas de Aizzon gastos personales para desgravar impuestos.