En su fallo, la Corte desestimó el recurso de queja contra la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que había rechazado la acción promovida contra el Gobierno porteño para impedir la utilización de las controvertidas armas.

El TSJ, en su momento, había desestimado la denuncia del entonces subsecretario de Promoción de los Derechos Humanos nacional, Carlos Pisoni, quien luego recurrió a la Corte Suprema, y que en representación del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad había advertido la amenaza que representaba el uso de las Taser, calificadas por diversos organismos internacionales como un elemento de tortura que potencialmente podía llevar a la muerte.