Jaques Wagner, ministro responsable de Asuntos Administrativos de la Presidencia, aseguró que el expresidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva será un "consejero especial" de su sucesora, Dilma Rousseff, si la justicia bloquea definitivamente su nombramiento como jefe del gabinete.

Lula "debería trabajar en el gobierno la semana que viene, como jefe de gabinete, si conseguimos desbloquear su nominación en el STF [Tribunal Supremo]. Si no, será consejero especial de la presidenta de la República", explicó Wagner en un encuentro con periodistas internacionales en Rio de Janeiro.

La nominación de Lula desencadenó una protesta de la oposición, seguida de manifestaciones que reunieron a miles de brasileños, especialmente después de la difusión de unas escuchas telefónicas sugiriendo que su entrada en el gobierno tendría como objetivo evitarle la prisión. "La reacción de la oposición muestra que hicimos bien en invitarle al gobierno. Es nuestro mejor jugador", aseguró Wagner, que fue sustituido en la jefatura de gabinete por Lula.

La entrada del exmandatario en el gobierno fue bloqueada el viernes por el Supremo Tribunal Federal (STF) por una posible obstrucción a la justicia, ya que el expresidente es investigado en el caso del escándalo en Petrobras.

Hoy el juez del Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki ordenó que las acciones que pesan sobre Lula sean devueltas a la Corte Suprema y salgan por tanto del ámbito del juez Sérgio Moro, quien encabeza los procesos vinculados al caso Petrobras. Zavascki acogió además otro recurso de los abogados del Gobierno, que cuestionaron la legitimidad de la divulgación de las escuchas telefónicas de las que Lula fue objeto.

"Son relevantes los fundamentos que afirman la ilegitimidad de esa decisión" de Moro, de divulgar las escuchas telefónicas, expresó Zavascki, quien alega que por como Rousseff y otros ministros que aparecen en los audios gozan del privilegio de los fueros, la decisión sobre divulgarlos o no compete al Supremo. Además, "la divulgación pública de las conversaciones telefónicas interceptadas, en las circunstancias en que ocurrió, comprometió el derecho fundamental a la garantía de secreto", añadió.

Con la decisión, la denuncia penal y la petición de arresto preventivo que penden sobre el ex presidente, por sus presuntos nexos con los ilícitos en Petrobras, salen de las manos de Moro, un magistrado federal de primera instancia. Zavaski no acogió, en tanto, el pedido de la defensa de Lula de revertir la suspensión de su investidura como jefe de Gabinete.