La presidenta brasileña Dilma Rousseff firmó durante la jornada 21 decretos de expropiación de 35.500 hectáreas, que beneficiarán a 1200 familias en catorce estados, y rubricó además las escrituras de 21.000 hectáreas de quilombos, los territorios donde viven los descendientes de antiguos esclavos cimarrones, quienes le expresaron su respaldo frente al intento de juicio político, denunciado por el gobernante Partido de los Trabajadores como una tentativa de "golpe de Estado".

"Estamos hoy aquí con el pueblo de los granjeros, de la agricultura familiar y de los sin tierra (...). Estamos contra el golpe. No vamos a permitir un golpe", declaró Alexandre Conceiçió, dirigente de la coordinación nacional del Movimiento de los Sin Tierra (MST), que había sido muy crítico por la suspensión de la distribución de tierras desde el inicio del segundo mandato de Rousseff, en enero de 2015.

Según datos del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), en 2015 fueron asentadas 26.670 familias de trabajadores sin tierra, uno de los números más bajos de las últimas décadas. Entre 2011 y 2014, correspondientes al primer mandato de Rousseff, hubo 107.000 familias asentadas, igualmente muy por debajo de los gobiernos anteriores. En el primer gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2006) hubo 232.000 familias asentadas y en el segundo (2007-2010) 230.780.