20:50 › EL VICEPRESIDENTE, QUE ROMPIó LA COALICIóN DE GOBIERNO, DEBERá ENFRENTAR UN PROCESO SIMILAR AL QUE LA OPOSICIóN IMPULSó CONTRA LA PRESIDENTA
En plena cuenta regresiva para que se vote en la Cámara baja, tal vez a partir del viernes 15, el juicio político a Rousseff, las pujas entre el oficialismo y la oposición van subiendo de tono. Pero el nuevo hecho político de la jornada lo protagonizó el ministro Marco Aurelio Mello, del STF, que dio un cimbronazo a la estrategia opositora para destituir a Rousseff.
Mello ordenó al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha —hombre del PMDB acorralado por las denuncias judiciales—, que aceptara un pedido de juicio político a Temer que había sido rechazado. Según publicó el diario opositor Folha de Sao Paulo, los aliados de Cunha, que impulsan el juicio político contra la presidenta, informaron que no cumplirán la medida ordenada por La Corte.
La solicitud de juicio político contra Temer fue presentada por un abogado, Mariel Márley Marra, y rechazado por Cunha, pero el denunciante apeló al STF y obtuvo el apoyo de Mello, quien alegó que la acusación es similar a la que llevó a iniciar el proceso a Rousseff.
Marra sostuvo en su denuncia que el vicepresidente habría incurrido en el mismo "delito de responsabilidad" que Rousseff al firmar algunos de los decretos que facilitaron unas maniobras contables dentro del presupuesto de 2014 y 2015.
Sin embargo, el presidente de Diputados, que integra el Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMBD) que lidera Temer y que la semana pasada abandonó la coalición gobernante, se negó a aceptar las acusaciones contra su jefe partidario, después de haber admitido las que se hicieron contra Rousseff.
El juez explicó que su sentencia "no emite juicios en relación con la conducta del vicepresidente de la República", pero consideró que Cunha, al rechazar una demanda y aceptar otra, "no atendió la debida formalidad legal".
A pesar de que el PMDB resolvió el 29 de marzo abandonar la alianza de gobierno que lidera el PT, Temer se mantiene en el cargo y es el primero en la línea de sucesión.
El gobierno, que considera un "golpe institucional" el juicio político a la mandataria, por entender que no existe crimen de responsabilidad o atentado a la Constitución, no hará cambios en el gabinete hasta que termine el proceso, según dijo la propia Rousseff en diálogo con periodistas.
La oposición necesita 342 votos para elevar el juicio a Rousseff al Senado -que debe actuar como juez- y tras la salida de gran parte del PMDB de la base aliada en el Congreso, el objetivo del gobierno será buscar acuerdos con otras fuerzas, como el Partido Progresista, tercer bloque en la cámara baja.
En el Senado, el presidente del cuerpo, Renán Calheiros, del PMDB pero con buen diálogo con el Ejecutivo y con más autonomía respecto de la dupla Temer-Cunha, dijo que ve "con buenos ojos" la opción de adelantar las elecciones presidenciales para octubre y acortar en dos años el mandato de cuatro de Rousseff.
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