La denuncia por supuesta "coacción" y "coacción agravada" contra el presidente Mauricio Macri y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en el marco de la detención de la dirigente del movimiento Tupac Amaru, Milagro Sala, quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini, quien deberá dar vista a la fiscalía para que resuelva si impulsa o no la investigación.

La denuncia firmada por el coordinador nacional de la Tupac, Alejandro Garfagnini, y acompañada por el Comité por la Libertad de Milagro Sala, advierte sobre supuestas presiones que habría recibido la legisladora Mabel Balconte por parte del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por orden del presidente Mauricio Macri, para declarar e involucrar al kirchnerismo en la defraudación por la que se detuvo a Sala.

Según dijo Balconte, parte del dinero que recibía Sala para obra pública era desviado y enviado a manos del hijo de la ex presidenta Cristina Fernández, el diputado nacional Máximo Kirchner. En diálogo con Página/12, el secretario parlamentario de la diputada, Santiago Hamud, denunció: “Ella lloraba y se ponía mal porque decía que desde el radicalismo y Gerardo Morales la mandaban a apretar diciéndole que si no declaraba en contra de Milagro le iban a quitar los fueros y la iban a poner presa”.

También se presentó una denuncia por "injurias" contra la propia Balconte y Morales por las denuncias difundidas por los medios de comunicación respecto del supuesto desvío de fondos y contra Macri por calificar a la Tupac como grupo "paramilitar" en una entrevista televisiva. Estas denuncias quedaron a cargo del juez Claudio Bonadío.

Las presentaciones se hicieron en los tribunales federales de Retiro y fue acompañada por una manifestación en reclamo de la libertad de la lider de la Tupac Amaru, detenida en Jujuy, desde enero, y acusada de "asociación ilícita, fraude y extorsión".