El juez federal Sebastián Casanello ordenó la captura nacional e internacional del abogado Néstor Marcelo Ramos, uno de los dueños de la sociedad Helvetic Services Group SA, radicada en Suiza, que en 2013 le habría transferido 209 millones de pesos a Austral Construcciones SA, del empresario Lázaro Báez.

El financista está citado a declaración indagatoria para el próximo viernes, pero hasta hoy no pudo ser notificado por el juzgado, por lo cual el fiscal federal Guillermo Marijuan le pidió al magistrado que libre la orden de busca y detención.

Ayer, mediante un escrito, Báez reconoció haber recibido dinero por parte de Helvetic Group como préstamos para formar una sociedad con una empresa del primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, y otras firmas, con el objetivo de presentarse en la licitación para la construcción de dos represas en Santa Cruz, que finalmente quedó en manos Electroingeniería e Hidrocuyo SA junto con la empresa china Gdezhouba Group Company Limited.

Según consideró el juez Casanello en un fallo del 14 de abril pasado, Ramos posee un tercio de Helvetic --las dos partes restantes están a nombre de la ciudadana italiana Ursula Verena Fontana--, firma que funciona como "una sociedad vehículo: una suerte de tren en constante movimiento, donde se suben y bajan activos de distintas personas que buscan reducir u ocultar parte de su patrimonio".

Báez negó ser el dueño de Helvetic Services Group, la sociedad que según Federico Elaskar compró su financiera SGI, más conocida como “La Rosadita”, y en la cual su hijo Martín Báez y otras personas fueron filmadas cuando contaban 5,5 millones de dólares de origen incierto, una grabación divulgada públicamente en enero pasado y que reactivó este expediente judicial.

Martín Báez presentó esta mañana un escrito ante el juez Casanello en el marco de la ampliación de su declaración indagatoria en la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero.

El juez sospecha que la operatoria del depósito de dinero para Austral Construcciones en verdad era una triangulación para “transferencias de dinero procedente de fuentes ilícitas desde SGI Argentina SA a Helvetic Services Group SA” mediante la adquisición de bonos públicos que se transferían en dólares a Suiza y “reingresarían al país para reingresar al patrimonio de Austral”.

El pasado 18 de abril, Casanello procesó con prisión preventiva a Báez y a su contador, Daniel Pérez Gadín, y dictó procesamientos para el resto de los imputados: los hijos de ambos, Martin Báez y Sebastián Pérez Gadín, el asesor Fabián Rossi, el presidente de la SGI César Fernández y el titular de Top Air, Walter Zanzot.