El vicecanciller Carlos Foradori y el Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj anunciaron la publicación de 75 comunicaciones de la Unesco, emitidos entre 1978 y 1982 sobre violaciones de derechos humanos en la Argentina, en los cuales figuran denuncias de asesinatos, desapariciones, detenciones ilegales, cierre de periódicos, prohibición y destrucción de publicaciones, encarcelamiento de profesores por cuestiones ideológicas, quema de libros y el deterioro del patrimonio científico y cultural del país durante la última dictadura cívico militar.

Las denuncias están divididas en admisibles y no admisibles, ya que el organismo recibía sólo notificaciones acerca de personas detenidas o desaparecidas relacionadas con la cultura, la comunicación, la ciencia y la educación.

Foradori explicó que toda la información será procesada y digitalizada para enviarla a la Secretaría de Derechos Humanos y a la Justicia en los próximos días.

Por su parte, Avruj señaló que "esto ratifica que la memoria, la verdad y la justicia son una política de Estado", y se comprometió a poner la información a disposición de los familiares de los desaparecidos.

Según Foradori, el primer caso considerado por la UNESCO fue el del pianista Miguel Angel Estrella. También figura el profesor Alfredo Bravo, y el rechazo del caso de la familia Tarnopolsky, diezmada por la dictadura, cuyo representante en el organismo negó, con la complacencia de los funcionarios internacionales, que las respectivas profesiones de los desaparecidos, un estudiante, un químico y una psicopedagoga, demostraran sus vínculos con el ámbito de la cultura. A pesar de que algunos miembros del Comité de la UNESCO estimaron que las ocupaciones de las víctimas eran pruebas suficientes para la admisión de las denuncias, el comité de la institución decidió suspender el examen del caso.

Entre las 75 denuncias que la Unesco desclasificó a pedido de la Argentina, se encuentran también los niños uruguayos Julien Grisonas, secuestrados en la Argentina y encontrados en Chile.