El juez Claudio Bonadio, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, dictó el procesamiento de la expresidenta por el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública, y ordenó un embargo sobre sus bienes por 15 millones de pesos. Igual medida recayó sobre el exministro de Economía y el extitular del Banco Central.

En su resolución, el juez sostiene que “es impensable que una operación financiera de esta magnitud, en la cual en menos de 45 días hábiles se abrieron posiciones del BCRA de 5000 y 17.000 millones de dólares, que tendría claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato, sea desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo Nacional”.

“Resultó evidente que la entonces Presidente de la Nación impartió instrucciones –que sin duda fueron elaboradas conjuntamente- a su Ministro de Economía para que esta operación financiera se lleve a cabo, procediendo éste a su vez a impartir directivas a los funcionarios del BCRA y por supuesto, a los directores de la CNV (Comisión Nacional de Valores), todos los cuales –es preciso resaltarlo- eran totalmente intercambiables en caso de disidencia con la orden, o en el caso de ser remisos al acatamiento”, agregó el magistrado.

Cabe recordar que, tras la indagatoria a CFK, el titular del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, y otros legisladores opositores advirtieron que tanto Bonadio como el actual titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, eran los responsables de los delitos que le atribuyen a la expresidenta, y solicitaron que fueran investigados por la presunta comisión de los delitos de “defraudación por administración infiel en perjuicio de la administración pública, “abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público; prevaricato por parte del juez y tentativa de estafa procesal y de privación ilegal de la libertad”. Los legisladores entendían que la liberación del mercado cambiario decretada por Sturzenegger, que desató una devaluación del 40 por ciento, y la autorización de Bonadio para cancelar las deudas de la venta de dólar a futuro, terminaron de configurar los supuestos delitos denunciados por diputados de Cambiemos contra la administración kirchnerista y por los cuales el juez ahora procesa a Cristina Kirchner y otra decena de exfuncionarios por “asociación ilícita” en perjuicio del Estado.

Los diputados Héctor Recalde, Diana Conti, Luis Cigogna, Carlos Moreno, Nilda Garré, Juliana Di Tullio, Carlos Kunkel, Teresa García, Marcos Cleri y Rodolfo Tailhade argumentaron, en su momento, que la devaluación que produjo la liberación del mercado de cambio que decretó el BCRA a cargo de Sturzenegger (procesado por el Megacanje del gobierno de la Alianza) y la autorización de Bonadio a cancelar el pago fue lo que generó "ganancias ilícitas a grandes especuladores del exterior, grandes empresas, entidades financieras, inversores institucionales y personas físicas de alto patrimonio”.

Para los legisladores del FpV-PJ, la devaluación del gobierno macrista dictada por Sturzenegger fue la que generó la diferencia en contra de la operación realizada por el BCRA durante la gestión kirchnerista y la autorización de Bonadio para cancelar los pagos de esas operaciones habrían configurado los propios supuestos delitos denunciados por los entonces diputados opositores de Cambiemos, Federico Pinedo (PRO) y Mario Negri (UCR).