A pesar de que ayer el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sostuvo que los funcionarios públicos deberían "ser los primeros en tener el gesto" de ajustarse al blanqueo de capitales y el presidente Mauricio Macri anunció la repatriación de 18 millones de una guarida en Bahamas, las críticas públicas de la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical torcieron el brazo del PRO y provocaron la exclusión de los cargos públicos jerárquicos --desde subsecretario hasta el jefe de Gabinete, además del presidente y vicepresidente-- de la "aministía fiscal".

El presidente de la UCR, José Corral, celebró la decisión al asegurar que "es un muy buen gesto" y "recoge las ideas de Cambiemos". "Celebramos que los funcionarios estén excluidos del sinceramiento fiscal, era una idea que había acercado nuestro bloque de Diputados, más precisamente el diputado Mario Negri y por supuesto que celebramos la decisión del Presidente y el equipo de enviar este proyecto", enfatizó.

La mesa nacional de la Coalición Cívica-ARI también había rechazado como "innegociable" el permiso de blanquear capitales fugados a los funcionarios de los tres poderes del Estado, ya que "constituiría una clara violación al tratado anticorrupción y un escándalo moral para el país". El pedido había ido más allá y solicitaba que también fueron excluídos contratistas y concesionarios e imputados por delitos contra la administración pública.

Mientras tanto, el Poder Ejecutivo mantenía en vilo al Congreso para definir si la ley ómnibus --que contempla blanqueo de capitales, venta de las acciones de Anses a privados, una reforma previsional y el acuerdo de coparticipación con las provincias-- ingresaba por el Senado o por Diputados.

Si bien en un primer momento fuentes del Gobierno aseguraron que el proyecto iba a ingresar por el Senado, posteriormente hubo un cambio de estrategia y se decidió por el envió a Diputados.

La elección de la cámara de origen dio lugar a un debate interno en el oficialismo, ya que si bien las iniciativas tributarias deben ingresar por Diputados, las modificaciones al régimen de Coparticipación (una ley convenio) tienen que entrar por la Cámara Alta.

Si bien los lineamientos del proyecto se habían adelantado el viernes pasado, las demoras en el envío al Congreso obedecieron a modificaciones de último momento, en especial a lo referente a la prohibición de acceder al blanqueo a los funcionarios jerárquicos.