A cuatro días del fin de la tregua petrolera entre empresas y sindicatos de la Patagonia, el día 31, ambas partes se preparan para una negociación crucial que debería comenzar hoy, en Buenos Aires, más precisamente en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Con más de 50 equipos de perforación dados de baja, según fuentes gremiales, el tema central a discutir es la reestructuración productiva, a propuesta del sector empresario, y las alternativas para evitar despidos, según la demanda sindical. El sector empresario propondrá adaptar el pago de las remuneraciones a indicadores de productividad, según señalaron a Página/12 fuentes empresarias. Del costado sindical, denunciaron que algunas empresas de servicios ya empezaron a enviar telegramas anunciando la suspensión de su personal a partir del 1º de septiembre, lo cual complicaría el clima de las negociaciones. En este mismo escenario, ayer se concretó el traspaso de los activos de Petrobras Argentina a la empresa Pampa Energía, liderada por Marcelo Mindlin, operación que le demandó un desembolso de 892 millones de dólares. La operación involucra la transferencia de una red de 247 estaciones de servicio, áreas de exploración y producción de hidrocarburos, una refinería e instalaciones petroquímicas y de generación eléctrica. Además del edificio de Maipú 1, sede de Petrobras en la CABA, del que ayer mismo tomaron posesión sus nuevas autoridades.

Las negociaciones entre trabajadores petroleros y empresas asentadas en la Patagonia, fundamentalmente en Chubut y Santa Cruz, habían alcanzado un grado de máxima tensión a fines del año pasado, que logró ser salvado luego de intensas negociaciones con una tregua de seis meses, a partir del 1º de febrero, que tiene fecha de vencimiento este fin de semana. La actividad no ha dejado de caer desde entonces y, a esta altura, suma 51 equipos de perforación fuera de operación en toda la cuenca del Golfo San Jorge, según el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, Jorge “Loma” Avila. El dirigente computó que, sobre 18 equipos parados ya declarados por las principales empresas productoras (diez de Pan American Energy, seis de Tecpetrol y dos de Enap Sipetrol), se le agregó “la bajada de equipos que anunció YPF por carta documento, que en total ya son 15”. Los demás equipos perforadores retirados corresponden a empresas de servicios. “Esto hace que la situación al 31 de julio (fecha de fin de la tregua) cambie. Hay 500 personas que se sumarían a las que ya están en su casa sin trabajo”, advirtió Avila. Para algunos dirigentes, la actitud de YPF equivale a una ruptura del acuerdo de paz social cuatro días antes de vencer su vigencia. A ello se suma la actitud de la firma San Antonio, de Comodoro Rivadavia, que el lunes pasado envió telegramas a su personal, comunicándole que “queda suspendido sin goce de salarios por el término de 30 días a partir del 1º de septiembre del corriente año”.

Para la dirigencia sindical, esta acción representa la amenaza de que se inicie una ola de despidos masivos una vez terminada la tregua. En una declaración difundida a última hora de ayer por el sindicato petrolero, Jorge Avila denunció a las empresas operadoras y al gobierno nacional de presionar a los trabajadores petroleros, en lo que consideró “un atropello que no vamos a permitir; no vamos a ser rehenes de una flexibilización laboral encubierta”. “Está todo mal, como lo veníamos anticipando, vamos a llegar al 31 de julio y empresas como San Antonio han suspendido 120 trabajadores en Comodoro Rivadavia del personal convencional, 40 jerárquicos más 30 trabajadores en Santa Cruz”.

Para la tarde de hoy, está prevista una reunión en el Ministerio de Trabajo de la Nación, que debió realizarse el martes pero que fue postergada por 48 horas. En ella participarán los sindicatos petroleros y la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) y la Empresaria de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE). “Va a ser durísima”, anticipó Avila. “Nos vamos directamente a un conflicto que va a ser interminable con una de las empresas del Estado, que es YPF, la que está empujando hacia este tipo de conflictos”, acusó. PAE, la principal empresa productora de la cuenca, lleva al encuentro de hoy la intención de promover un cambio en las condiciones de trabajo, buscando atar las retribuciones a la productividad. Pero la situación de otras empresas es diferente, y no sólo las operadoras de servicios especiales ponen en duda la continuidad de su actividad en la zona.

“Vamos a defender los puestos laborales sean de la empresa que sean, porque no somos de una u otra empresa: somos todos petroleros”, disparó Avila ayer. “Y que les quede claro al Gobierno nacional y a los empresarios que, de acá en adelante, los conflictos serán más graves, más agudos, pero no seremos los trabajadores los que hemos roto la paz social, sino el propio Gobierno nacional que cada día nos obliga a tomar decisiones en contra de esta circunstancia”, advirtió.