El poder judicial recibió de parte del gobierno una invitación para abrir las puertas de las cárceles flexibilizando las condiciones para lograr la detención domiciliaria. Según un juez federal y un fiscal federal –uno de la Ciudad de Buenos Aires y otro de Córdoba– el secretario de Justicia Santiago Otamendi mantuvo reuniones en distintas jurisdicciones para explicar lo que seria parte de una nueva política criminal. El énfasis del argumento que recuerda uno de los testigos no fue la defensa de los derechos individuales o humanos de los detenidos y detenidas. Otamendi les habló de gastos y de costos: un preso, dijo, le cuesta al Estado cincuenta mil pesos al mes y una pulsera electrónica seis mil.

Un sector de la población carcelaria del país son los detenidos por crímenes de lesa humanidad, la mayor parte con más de setenta años de edad. Con alguna excepción, son los únicos detenidos de esa edad en cárceles con una población promedio de 21 a 34 años. En ese sentido, la invitación del Ejecutivo podría ser leída como dirigida a ese sector, sobre todo al tener en cuenta antecedentes como las polémicas declaraciones del secretario de derechos humanos Claudio Avruj en marzo. En una entrevista con La Nación dijo estar de acuerdo con la reubicación de detenidos de más de setenta años en sus casas. El secretario no mencionó los casos de lesa humanidad, pero en este escenario la idea los beneficia prácticamente a ellos solos.

Entre marzo y julio hubo cambios en las sentencias que parecen abonar silenciosamente esta misma habilitación. La edad de setenta años es un argumento que suele esgrimir la defensa para pedir la domiciliaria de modo automático, aunque hasta ahora no alcanza. La jurisprudencia de la Corte venía considerando como prioridad el estado de salud, con lo que el beneficio se destinado a quienes pueden ser atendidos en centros de salud de las unidades penitenciarias. Pero la Corte parece estar dando mensajes que cambian la doctrina.

El 24 de abril, el tribunal dictó un fallo sobre el médico policial Jorge Antonio Bergés, que intervino en partos de detenidas ilegales en el Pozo de Banfield. La Corte le revocó la domiciliaria al considerar que sus supuestas deficiencias de salud no estaban respaldadas por informes del Cuerpo Médico Forense. El fallo fue leído y ya se usa como doctrina para pedir la intervención del CMF ante pedidos de domiciliarias. Sin embargo y aunque esa es la lectura con más consenso, no es la única. Un casacista lo señala como invitación a flexibilizar las condiciones de prisión: “En lugar de revocar la domiciliaria y enviar al detenido a una cárcel común por la doctrina Vigo, como sucedía hasta ahora, aquí la Corte hizo lugar al recurso extraordinario como una garantía a la defensa y pidió hacer nuevo examen médico”.

La semana pasada un tribunal de feria de la Cámara de Casación dictó otro fallo que corre en la misma línea. Revocó la cárcel común de Eduardo Rodolfo Cabanillas, ex jefe de Automotores Orletti, y le dio la domiciliaria por razones humanitarias, edad e informes de salud. Eso es un dato, porque pese a que la acusación dijo que no se encontraba en fase terminal –prerrogativa hasta ahora para la domiciliaria– Casación la habilitó vía humanitaria. “La onda expansiva de un fallo de la Corte o uno de Casación –dice la misma fuente– es muy grande y replica inmediatamente y con efecto multiplicador en las instancias anteriores, tribunales orales y juzgados federales”.

El caso Etchecolatz también fue significativo, según una sobreviviente de la ESMA un “globo de ensayo”. Peritos y el CMF advirtieron que el represor de 87 años de edad podía continuar en la cárcel pero el TOF 1 de La Plata le dio domiciliaria, aunque continúa preso por causas en instrucción. Esto significa una pena morigerada asociada a un nombre icónico, que representa a uno de más los malos entre los malos para la sociedad de las víctimas.

El estado de las cosas

De acuerdo a los últimos datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el número de represores detenidos en sus casas casi no varió en el último semestre. Contra lo que promueven los sectores que postulan a los juicios como escenarios de venganza, las estadísticas también señalan que las domiciliarias son muy elevadas:

Marzo 2015: 970 imputados detenidos, 557 en cárceles comunes, 384 domiciliarias, 15 en dependencias de Fuerzas de Seguridad, siete en hospitales, siete sin datos.

Septiembre 2015: 1065 imputados detenidos, 587 en cárceles comunes, 441 domiciliarias, trece en dependencias de las Fuerzas de Seguridad, siete en hospitales, 17 sin datos.

Marzo 2016: 1070 imputados detenidos, 574 en cárceles comunes, 467 en domiciliarias, catorce sin datos, ocho en hospitales y siete en dependencias de las Fuerzas de Seguridad.

Julio 2016: 2.436 imputados, 937 (38,5%) libres, 395 (16%) fallecidos, 48 (2%) prófugos y 1056 (43,5%) detenidos. De esos 1056 detenidos: 568 detenidos en cárceles comunes, 462 domiciliarias, doce sin datos, ocho en hospitales y seis en dependencias de las Fuerzas de Seguridad.

Con estos números puede verse que las domiciliarias son altas desde hace tiempo, lo que sustenta el reclamo histórico de las querellas y los organismos de de derechos humanos. Pero aun así existe una percepción que habla de una tendencia en alza. Lo ven operadores judiciales y querellas. Una idea alentada por el cambio de época, las flacas posiciones del gobierno en políticas de Estado y juicios, la retórica del “curro” y el reacomodamiento de la corporación judicial.

Los trolls de la defensa

Quienes están a la caza de mejores posibilidades desde el minuto uno del cambio de gobierno son los defensores particulares. Al impulso de reuniones en secreto con el ministro de Justicia Germán Garavano y con Cecilia Pando, sumaron una verdadera invasión de reclamos en la Secretaria de Derechos Humanos de Nación.

* El área jurídica contó unos doscientos pedidos de defensores y familiares por excarcelaciones o domiciliarias. Según datos del área, esto es toda una novedad porque antes no existían pedidos de esta naturaleza y la respuesta oficial no variaba: se responde que se debe reclamar a la Justicia porque el Estado está obligado a realizar estos procesos porque así lo mandan los mecanismos de internacionales. Ese mismo tipo de pedido también llegó a la Justicia.

* A partir del 10 de diciembre, en el Tribunal Oral de San Martín los abogados particulares “inmediatamente pidieron domiciliaria y/o excarcelación para los que ya estaban en domiciliaria”. Esa jurisdicción tiene entre sus presos a Luis Abelardo Patti, que goza hasta del beneficio de acudir a su obra social OSDE cuando lo necesita.

* Un fiscal de ESMA habla de “una ola de pedidos de parte de los defensores”.

Entre los casos emblemáticos está el abogado Guillermo Fanego que presentó rápidamente un pedido masivo de once domiciliarias al considerar que los tiempos “mínimos” del Juicio serían largos. El pedido fue por Adolfo Oscar Cionchi, Arturo Alomar, Emir Sisul Hess, Carlos Eduardo Daviou, Miguel Angel Alberto Rodriguez, Carlos Guillermo Suárez Mason, Luis Ambrosio Navarro, Francisco Di Paola, Guillermo Horacio Pazos, Alberto Eduardo González y Hugo Siffredi. El TOF 5 rechazó el planteo, pero en estos meses Siffredi finalmente obtuvo permiso para ir a su casa en un country porque se prepara para donar un riñón a su hija. La fiscalía se opuso y volvió a hacerlo días atrás cuando pidió permiso para ejercitarse en el perímetro del country club.

En mayo volvió a su casa Juan Carlos Rolón, a quien el TOF puso bajo el programa de vigilancia electrónica del ministerio de Justicia. Absuelto en ESMA II y autor confeso en el tramo actual de ESMA III, el TOF lo envió a su casa por entender que estuvo sujeto a derecho y que sin condena previa podrían vencerse los plazos procesales. El TOF le negó permiso para hacer ejercicio en el Círculo Militar. En la cola, esperan Néstor Savio y Adolfo Pernías.

Por fuera de estos movimientos de presión, otro punto son las respuestas de juzgados y tribunales. Un primer relevamiento en los principales juicios del país permite plantear a modo de interrogante si lo que hasta ahora era considerado una excepción (como la domiciliaria), comienza a estandarizarse (ver aparte).