La defensa de los 11 campesinos procesados por la masacre de Curuguaty, en la que 17 personas -seis policías y 11 campesinos- fueron asesinadas, presentaron la apelación y pidieron la nulidad de la sentencia del caso dictada el pasado 11 de julio, que los condenó a penas de entre 4 y 30 años de prisión.

Los abogados consideran que la Fiscalía no pudo demostrar los crímenes por los que fueron imputados sus defendidos y cuestinó, además, que no imputó a nadie por la muerte de los 11 campesinos asesinados durante la masacre.

Los campesinos fueron acusados de homicidio doloso, invasión de inmueble ajeno y asociación criminal, en relación con la muerte de seis policías de los más de 300 agentes que intervinieron para desalojar a unos 70 campesinos de las tierras que ocupaban para pedir que se integrasen a la reforma agraria.

La defensa también presentó varios incidentes registrados en el proceso, como la falta de intérpretes para tomar declaración a los acusados en su lengua materna, el guaraní, cooficial en Paraguay y predominante en el campo, uno de los abogados defensores, Marcos Shirakawa.

La presentación de la apelación y el pedido de nulidad estuvo acompañada por familiares de las víctimas y activistas que se manifestaron ante el Palacio de Justicia de Saltos del Guairá para pedir que el proceso sea declarado nulo.