La fiscal federal Paloma Ochoa le pidió al juez federal Daniel Rafecas que cite a indagatoria al camarista de Casación Penal Juan Carlos Gemignani por considerar que privó ilegítimamente de la libertad a la prosecretaria María Amelia Expucci, cuando ordenó arrestarla porque se negó a cumplir una orden que ella consideraba fuera de sus tareas en la feria. Además, describió su conducta como una modalidad de violencia contra la mujer de acuerdo a la definición que ofrece la ley específica (26.485) de prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. El dictamen reclama que sean indagados los dos policías que llevaron a Espurrí detenida y que la tuvieron incomunicada durante una hora y media. Pide que Casación informe si tomó medidas para proteger a la prosecretario. Pero los jueces de ese tribunal no sólo no le dieron ninguna protección sino que ayer, en un plenario, votaron por una ajustada mayoría lograda con el voto del propio Gemignani, que se abra una “prevención sumaria” para investigar internamente qué fue lo que sucedió (como si, encima, a esta altura nadie lo supiera).

Gemignani podría, pronto, ser citado a indagatoria, por uno de los hechos que muchos habitantes de las oficinas de Comodoro Py ubican entre los más graves y escandalosos que hayan conocido. La privación de la libertad que le imputa la fiscal Ochoa es agravada por su carácter de funcionario público (prevé de dos a seis años de prisión). Sin embargo, y ante la mirada de la opinión pública, Gemignani apuesta a hacer prevalecer sus propias denuncias: hizo dos presentaciones contra la secretaria Expucci y otra contra el ex ministro Julio De Vido, ya que el contenido de las cajas que el juez quería inventariar eran un televisor, cuatro CPU y cuatro monitores que había enviado el ministerio de Planificación Federal (Plan Argentina Conectada) al tribunal, para un sistema de videoconferencias, y que según él constituyen “una dádiva”. A Expucci, primero la acusó de de- sobediencia, pero como el fiscal Juan Pedro Zoni propuso la desestimación, antes de que se cerrara la causa, corrió el lunes a acusarla de encubrimiento. Tanto Zoni como la fiscal Ochoa dictaminaron que a Gemignani lo debe investigar también el Consejo de la Magistratura, que puede sancionar o promover juicio político.

Ayer a la tarde para la mayoría de los portales la principal noticia no era que un camarista del más alto tribunal penal del país tiene llamado a indagatoria por secuestrar con métodos de violencia machista a una secretaria sino que se había abierto una causa contra De Vido. Clarín decía “Imputan a De Vido”. Infobae decía que “abrieron una causa” para investigar a De Vido. Télam decía que “la justicia dispuso que se investigue a De Vido”. El dictamen del fiscal Franco Picardi, que por cierto impulsa la apertura de la investigación, al que accedió Página/12, sin embargo dice: “No es posible, dado el estado incipiente de la pesquisa, formular imputación a persona alguna”. Más allá de eso, dijo que hay que investigar y pidió medidas que el juez Marcelo Martínez de Giorgi ejecutó enseguida, ayer a la mañana. Mandó personal al primer piso, donde está Casación, para cotejar que lo que Gemignani decía que tenían las cajas fuera lo que había. Puso el material a reguardo, sin secuestrarlo.

Al rato empezó un plenario de Casación, a cara de perro. Gemignani se adelantó y pidió sumariar a Expucci. Hacerle un expediente interno donde tuviera que defenderse. No tuvo apoyo. Liliana Catucci propuso una alternativa menos virulenta: una “prevención sumaria”, o sea, un paso antes del sumario, como para dar a entender que no va dirigido a nadie en particular, sino que habría que investigar el episodio en general. “Es a favor de ella, para que pueda explicar”, justificaban. Tan tramposa era la explicación que hasta Gemignani votó por esa alternativa, junto con Catucci, Eduardo Riggi y Mariano Borinsky. En contra estuvieron Alejandro Slokar, Ana María Figueroa y Gustavo Hornos. Figueroa había analizado plantear una denuncia contra Gemignani en el Consejo de la Magistratura, pero no vio margen para nada. Expucci, la víctima, para la mayoría del tribunal fue erigida en sospechosa, culpabilizada. Otro mecanismo clásico de la violencia machista.

Así las cosas, al día de hoy son tres las causas derivadas de la detención de la prosecretaria. En una el juez la acusó de desobediencia después de detenerla y ahora también de encubrimiento, sobre lo cual aún debe dictaminar el fiscal Juan Pedro Zoni. En otra Gemignani denunció las supuestas dádivas de Planificación hacia camaristas. Y hay una tercera que es la denuncia que Expucci hizo contra el juez, donde ayer la fiscal Ochoa pidió su indagatoria y la de los dos policías que la llevaron detenida.

Vale la pena recapitular los hechos, porque nada parece haber sido casual. Gemignani estaba como presidente circunstancial de Casación en la feria. Sabía que estaba la famosa caja en una sala de audiencias que había sido enviada por el Ministerio de Planificación hace tiempo. Los jueces de Casación habían tenido una discusión sobre la pertinencia de recibir el material, pero quedó abierta. Nadie ignoraba la presencia de las cajas, recibidas por la ex presidenta de la Cámara, Figueroa. Gemignani alegó la semana pasada que necesitaba vaciar la sala y convocó a Expucci a dejar sentado en un acta junto con otros secretarios el detalle de lo que había allí. Pero la prosecretaria le dijo no que correspondía a sus tareas jurisdiccionales de feria (suelen ser resoluciones urgentes, como pedidos de excarcelación), y que como estaba por llegar la secretaria general mejor lo hablara con ella o con su jefe esos días, Eduardo Riggi.

Según relata el dictamen de Ochoa, ante un grupo de secretarios presentes, Gemignani dijo: “Cualquier funcionario o empleado que entorpezca o se interponga será detenido”. Expucci insistió, en presencia de los dos policías de la custodia, que la “pretensión excedía sus funciones” y le pidió más información del expediente dentro del cual quería hacer ese inventario. Pero no la dejó hablar más, y les dijo a los uniformados que la detuvieran porque estaba “resistiendo a la autoridad”. Anunció que estaba “detenida e incomunicada” y mandó a que le sacaran el celular. Pese a la acusación penal de Gemignani, Martínez de Giorgi ordenó liberarla.

El dictamen de Ochoa pide que declaren como testigos esos siete secretarios. Que se individualice a los policías y que la fuerza informe “si se labraron actuaciones” por la detención. Que también informe la propia Cámara qué actuaciones desarrolló. Les envía copia del expediente a la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) y la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, para que evalúen si les corresponde prestar colaboración. En reclamo de una medida de protección para Expucci que la preserve de su “agresor”, recuerda que violencia contra las mujeres es “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta tanto en el ámbito público como privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertada, dignidad, integridad física, psicológica, sexual económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”.