El juez federal Daniel Rafecas rechazó ayer, en un minucioso fallo de 22 páginas, la pretensión de la DAIA de que se reabra el expediente por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman. El magistrado consideró que los dos argumentos esgrimidos por la DAIA no son nuevos y no cambian la situación que había cuando se archivó la causa por inexistencia de delito.

Rafecas resumió así el pedido de la dirigencia judía: “parecería ser que la DAIA no está poniendo en cuestión la desestimación de la denuncia del doctor Nisman –señala Rafecas–, sino la decisión política de firmar el Memorandum, que incluyó después una ratificación del Congreso Nacional. Como ya dijo la Cámara Federal, el Memorandum podrá ser criticado desde un punto de vista geopolítico o desde una visión de criterio y oportunidad, pero nunca podría ser objeto de imputación penal a menos que tengamos que incluir en la acusación a expertos como Susana Ruiz Cerruti, que defendió la legitimidad del pacto en el Congreso, y de cientos de diputados y senadores que aprobaron la iniciativa, además del propio secretario general de Interpol, Ronald Noble y a Interpol misma, porque instigaron y propiciaron el diálogo de Argentina e Irán y apadrinaron el Memorandum”.

La DAIA podría intentar una apelación pero –como adelantó Página/12– está el camino alternativo que viene preparando la dirigencia judía a través del juez Claudio Bonadio. El magistrado podría convalidar la existencia de novedades y en lugar de mandarle su expediente a Rafecas lo abriría él mismo. De hecho, ayer le pidió a Rafecas que le envíe la causa.

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Hacia el final de su fallo, el magistrado detalla por qué el planteo de la DAIA, al que señala como respetuoso y medido, no puede ser convalidado.

La institución pide la reapertura de la causa por la denuncia de Nisman en base a lo que considera dos novedades.

En primer lugar, una conversación telefónica entre el entonces presidente de la AMIA, Guillermo Borger, y el ex canciller Timerman. Rafecas señala que en esa comunicación Timerman afirma, en términos coloquiales, la responsabilidad de Irán en el atentado, “que es la misma postura que la República Argentina viene sosteniendo desde 2006 y sobre la cual el juez Rodolfo Canicoba Corral libró órdenes de captura que fueron convalidadas por Interpol en 2007”. Para colmo –señala el juez– se trata de una conversación privada que, de acuerdo a lo declarado por Timerman y Borger, no fue grabada por ninguno de ellos. Es decir que hubo un tercero clandestino que concretó una grabación ilegal. Pero aún más importante es que Rafecas señala que cuando Borger fue a declarar al juzgado sostuvo que en ese diálogo se dijo “lo mismo que tanto Timerman como yo dijimos en público, salvo diferencias en cuanto a la terminología y forma de expresarse”. Es decir que no se puede tomar como nuevo, porque hasta el propio dirigente de la AMIA sostuvo que era lo habitual.

El otro argumento que presentó la DAIA es que, después de que Rafecas desestimó la denuncia de Nisman, quedó firme judicialmente la inconstitucionalidad del Memorandum. Ello es así porque la Cámara Federal lo declaró inconstitucional, el gobierno de Cristina apeló ante la Casación y luego Mauricio Macri, al asumir, retiró la apelación. Rafecas sostiene que la inconstitucionalidad ya fue tenida en cuenta al momento de archivar el expediente, entre otras cosas porque cerraba la puerta aún más a que se pusiera en marcha el Memorandum y la cuestionada comisión de la verdad. Fue la misma Sala I de la Cámara Federal la que estableció la inconstitucionalidad en 2013 y luego, en 2015, confirmó la desestimación de la denuncia de Nisman.

Rafecas menciona, además, que el Memorandum tuvo fallo de primera instancia y luego de la Cámara Federal, intervinieron fiscales y jueces, la DAIA y otros querellantes. También fue tratado en el Congreso, donde participaron instituciones judías, familiares y juristas de todas las tendencias. En todas esas circunstancias no hubo una sola presentación que señalara que la firma del Memorandum era la base de un delito.

El magistrado aprovechó el fallo de ayer para hacer un didáctico resumen de la desestimación de la denuncia del fiscal Nisman: “La razón por la que se descartó toda connotación delicitiva es que el acuerdo con Irán nunca llegó a concretarse y por lo tanto menos aún se constituyó la Comisión de la Verdad”, señala Rafecas. Irán desistió de firmarlo y la Cámara Federal, al declarar la inconstitucionalidad, ordenó que no se diera ningún paso de los marcados por el texto.

El juez remarcó que Nisman tenía un punto central en su denuncia y era que “la República Argentina habría ofrecido como prenda, para atraerlos a la mesa, favorecer a los acusados de nacionalidad iraní con pedidos de captura vigentes, comprometiéndose el canciller argentino a realizar gestiones a tal efecto ante Interpol para dar de baja las ordenes de captura con alertas rojas”. Pero las alertas rojas nunca fueron levantadas. Y Rafecas menciona varias pruebas en contra de la hipótesos de Nisman: Hay una carta en la que Ronald Noble, entonces secretario general de Interpol, enterado de la denuncia, señaló en forma categórica que Timerman siempre dejó en claro que la firma del Memorandum no alteraba en absoluto las alertas rojas. Noble mencionó tres ocasiones en que Timerman le insistió en este último punto, lo puso por escrito en una carta a Interpol el 15 de febrero de 2013, unos días después de la firma del Memorandum y le pidió a Interpol que lo ponga por escrito, cosa que la organización hizo el 13 de marzo de ese mismo año. También menciona Noble que Timerman le remarcó que las alertas rojas solo podían ser levantadas por el juez Rodolfo Canicoba Corral, de acuerdo al artículo 81 del reglamento de Interpol. Por último, el norteamericano Noble menciona una llamada telefónica y dos visitas a Interpol en las que Timerman insistió en que las capturas no podían tocarse.

Rafecas vuelve a transcribir la entrevista que Noble le dio a Página/12 y en la que sostuvo que la denuncia de Nisman era falsa. Exactamente lo mismo afirmó en The Wall Street Journal: “puedo afirmar con un ciento por ciento de certeza, ni un atisbo de duda, que el Ministro de Relaciones Exteriores [Héctor] Timerman y el gobierno argentino ha sido constante, persistente e inquebrantable para lograr que Interpol emita, mantenga vigentes y no suspenda o remueva sus notificaciones rojas”.

Cortada

Descartada la existencia de hechos nuevos y en base a un detallado análisis del texto de Nisman, el juez Rafecas reitera que la presentación de la DAIA no sólo no cuestiona el archivo del expediente sino que le reafirma su postura. En paralelo, le dice a los dirigentes de la comunidad judía que no puede admitirlos como querellantes en una causa archivada por inexistencia de delito.

Los dirigentes de la DAIA ya anunciaron que estudiarán el fallo y luego resolverán su estrategia. La ofensiva contra CFK y Timerman es llamativa porque no hay ningún acuerdo con Irán vigente ni en el horizonte, de manera que el único objetivo parece ser un castigo por su apartamiento de los moldes trazados por la diplomacia republicana norteamericana o de la derecha israelí. En términos políticos internacionales es darle un escarmiento a cualquiera que negocie con Irán.

Todo indica que la dirigencia de la comunidad juega sus cartas en una especie de puerta de atrás judicial. Dos familiares de víctimas del atentado, Luis Czyzewski y Mario Averbuch, allegados a la AMIA y a la DAIA, se presentaron ante Bonadio para sumarse a un grotesco expediente iniciado por dos abogados de derecha, uno de ellos vinculado al PRO, en el que se pide la reapertura de la denuncia de Nisman y la condena a CFK y Timerman por traición a la patria. Los familliares representados por el abogado Juan José Avila pidieron ser tenidos como parte en ese expediente.

Ayer al mediodía, Bonadio le pidió la causa a Rafecas, otro hecho insólito: en lugar de que cualquier novedad sea instruida por el juez original, otro magistrado, con dos años de atraso, le solicita que le mande la causa para estudiar si la ex Presidenta y el ex canciller traicionaron a la patria. “Es el mayor escándalo en toda la historia judicial argentina desde 1853”, señaló ayer, refiriéndose a este expediente, el ex ministro de la Corte Raúl Zaffaroni.

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