La Fundación Vía Libre, que encabeza Beatriz Busaniche, es una de las voces más radicales en contra de la implementación de cualquier sistema de voto electrónico. En diálogo con Página/12, Busaniche asegura que es imposible llevar adelante el proyecto que impulsa el gobierno nacional sin resignar al menos uno de los principios de integridad, seguridad y auditabilidad que hoy rigen en el sistema de boleta partidaria en papel.

–¿Qué evaluación hacen del sistema de voto electrónico que impulsa el Gobierno?

–Nuestra posición es total y absolutamente en contra. Como organización trabajamos el campo de la tecnología y desde ese lugar nos preocupa el tema desde hace muchísimo. Está técnicamente demostrado que es imposible construir un sistema de voto electrónico que respete al mismo tiempo los principios del secreto, la integridad y la auditabilidad. No es materia de opinión, está demostrado matemáticamente con un teorema que es el teorema de Hosp y Vora. El que quiera promover un sistema de voto electrónico tiene que ser honesto con la ciudadanía y decir cuál de esas tres cuestiones está dispuesta a sacrificar en favor de los principios de “fácil, moderno y rápido”, que es la muletilla que usan los que están a favor.

–¿La existencia de un soporte en papel como en los sistemas de Salta y CABA no permitiría corroborar que los resultados del escrutinio electrónico coincidan con el escrutinio posterior de modo manual? ¿Eso no resuelve alguno de esos problemas?

–En ese caso, con el soporte en papel, estarías tirando de la sábana para proteger la integridad del voto. Y no la protege del todo. Es un sistema mediado por una computadora para obtener el resultado impreso en el que no sabés si lo que el votante quiso votar frente a la pantalla es lo que está en la papeleta. Pero ahí lo que queda desprotegido es el derecho al secreto del voto, que es un principio fundamental de nuestra democracia desde la ley Sáenz Peña. Que es el principio para votar en libertad, no coercionado y que es la base para desmantelar cualquier problema de clientelismo o compra de votos. En Holanda el sistema se dejó de usar cuando se probó muy claramente que el secreto era vulnerable. Es una prueba que también se hizo con las máquinas en Brasil que fueron hackeadas y vulneradas.

–¿El problema de la vulnerabilidad no se puede superar con la intervención de técnicos, por ejemplo de universidades públicas nacionales, que auditen y controlen el sistema?

–Si necesitás que medie una auditoría de expertos, el voto y los derechos dejan de ser universales. Y ahí te metés con otro principio fundamental del sistema electoral que es el argumento por el cual Alemania lo prohibió y lo declaró inconstitucional. El argumento es que el sistema electoral debe ser materia entendible por cualquier ciudadano, más allá de los conocimientos específicos en seguridad de sistemas y demás. Pero además, hacer una auditoría o dos o diez no garantiza que el sistema esté libre de problemas. El sistema que se usó el año pasado en CABA lleva seis años en Salta. Fue auditado muchas veces por la Universidad Nacional de Salta y por la UBA para la elección porteña. Y un técnico, un doctor en informática de la UBA llamado Alfredo Ortega, en 20 minutos encontró una vulnerabilidad que había sobrevivido todas esas auditorías. Una vulnerabilidad lo suficientemente grave que implicaba que era posible incorporar más votos a un sólo chip. Las razones técnicas que hay son muchísimas.

–¿No hay forma de someter el software a un control más estricto para superar las vulnerabilidades?

–Si tenés una posición no tan firme como la nuestra y decís “veamos cómo se puede hacer”, habría que preparar un sistema de certificaciones y auditorías de larga trayectoria. Y no podés auditar en 120 días un sistema que tardó años en ser desarrollado. Porque no solo tenés que auditar el software específico de la elección, tenés que auditar todas las piezas de software del sistema operativo, de la BIOS de la máquina. Todos los microprocesadores, todos los chips, y eso puede llevar mucho tiempo. Pero además, si querés hacer una certificación, tenés que tener un estándar contra el cual validar esa certificación. En Estados Unidos tardaron cinco años en desarrollarlos.

–¿Cómo es la situación en otros países?

–No sólo los países lo están dejando de usar –Alemania lo prohibió, Holanda lo prohibió, Austria lo prohibió, Bélgica está en ese camino, Dinamarca dejó de usarlo–, sino que algunos países en los cuales se analiza la posibilidad de usarlo siguen reafirmando la posición de no hacerlo. El congreso australiano dijo que no están en condiciones de hacerlo. Y Australia ocupa el puesto número 2 de desarrollo humano. Adrián Pérez y su séquito plantean que no aplica el fallo del tribunal alemán porque éste sistema tiene soporte en papel y los alemanes no tenían. ¿Vos me querés decir que Adrián Pérez resolvió el problema de inconstitucionalidad en Alemania y lo resolvió de un modo tan fácil que los alemanes son tan imbéciles como para no haberse dado cuenta?

–Pasar el chip por el lector de la máquina después de votar para corroborar si la máquina lee exactamente lo mismo que está impreso en la boleta, ¿no resuelve el problema de que el ciudadano pueda controlar el cumplimiento de su voluntad?

–No, de ninguna manera. En Estados Unidos se han hecho numerosas investigaciones respecto del chequeo de lo impreso. Se ha comprobado que aproximadamente el 50 por ciento de los votantes dejan pasar errores graves en ese chequeo. Sobre todo porque la expresión de lo que uno está eligiendo es totalmente diferente en la pantalla y en el papel impreso. Es un engaña pichanga, porque la misma máquina que emite es la que controla. Los sistemas de voto electrónico existen desde hace 40 años y nunca se pudo implementar masivamente. Es mentira que esto va a llegar irremediablemente. Si no podés construirlo en un modelo teórico, de ninguna manera lo vas a poder construir en la práctica.

–¿Qué opción plantean en lugar del voto electrónico?

–Nos inclinamos por la boleta única en papel. El problema fundamental que se ve en esta reforma electoral es que no hay un diagnóstico claro de qué es lo que se quiere resolver. Si lo que quieren solucionar es el robo de boleta, lo cierto es que no hay denuncias serias de robo de boleta a nivel nacional. Los problemas en las elecciones provinciales no los vas a cambiar con una ley federal.

–¿Los sistemas de boleta única en papel no tienen también dificultades, como pasó en las elecciones de Santa Fe y Córdoba?

–Podés tener un fiscal deshonesto que esté marcando boletas en una mesa y que el éxito de eso dependa de la acción de los otros fiscales. Pero la capacidad de hacer eso es, como mucho robar algunos votos de una mesa. Ese tipo de fraude no escala. Cuando usás computadoras, tenés que tocar dos o tres líneas de código y te robás votos de todas las mesas del país. Además, nosotros partimos de la idea de que va a haber fiscales o algún partido político que con mala intención quiera robarse un concejal o un diputado. Es muy difícil robar una elección cuando se trata de un puesto ejecutivo. Pero no se está poniendo sobre la mesa la posibilidad de que haya otro tipo de atacante. Simplemente un saboteador del sistema electoral como un todo. A la máquina no se la puede dejar sin mirar cuando está con un votante porque es muy frágil en términos de seguridad. Te llevás un gotero y le echás un poquito de agua, vas masticando chicle y se lo pegas a la boleta antes de ponerlo a imprimir, un poquito de ceniza de cigarrillo, o algún pegamento. Con técnicas muy rudimentarias de ataque se puede vulnerar. O un gobierno extranjero puede atacar el sistema. La cantidad de agujeros que se abren y la capacidad de daño es muy grande.