Lucila De Ponti integra el Movimiento Evita y representa a Santa Fe en la Cámara de Diputados nacional. En la conjugación de ambos roles, y desde el trabajo conjunto con otras organizaciones políticas y sociales, como Libres del Sur, la Confederación de Cooperativas de Trabajo, la Corriente Clasista y Combativa y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, en la que también milita, es una de las legisladoras que impulsa el proyecto de ley de emergencia social destinado a atender al sector de trabajadores que mueven la economía popular, a quienes señala como “los que más sufren los efectos de las políticas neoliberales del Gobierno”. “Se están planteando condiciones en las que llevar adelante el sustento material de una vida familiar se hace cada vez más difícil. Si el Gobierno sigue en este rumbo, si sigue avanzando en sus objetivos de quitar posibilidades de derechos a un sector importante de personas como lo son los trabajadores informales, la clase media se va a complicar mucho”, añadió.

–¿Cuál es el origen del proyecto de ley de Emergencia Social?

–Este proyecto surge de poner el foco en el sector social de los trabajadores de la economía popular, un nuevo sujeto que se empezó a visibilizar con las modificaciones de la estructura de la clase trabajadora de los últimos años. Son aquellos que, más allá de los años de recuperación económica, no han sido absorbidos por el mercado formal o no han podido encontrar formas de trabajo dignas que los vayan incorporando. Vemos que la situación de estos trabajadores se empezó a agravar durante los últimos meses con la implementación del modelo económico de corte neoliberal del gobierno de Mauricio Macri; son los ciudadanos que sufren los efectos de manera más cruda porque fueron, durante la última década, los que consolidaron menos derechos que los pudieran amparar de las crisis e inclemencias de la economía. Esto nos empujó al Movimiento Evita y a otras organizaciones sociales y políticas, a trabajar en consensos en el Congreso para poder avanzar en una ley que declare la emergencia social y la creación de un salario social complementario que signifique la intervención del Estado en la situación de esta gente.

–¿Cuáles son los indicadores que identifica a ese sector como el que más sufre la crisis?

–Los primeros indicadores de los efectos negativos de las políticas neoliberales de este gobierno que surgen reflejan la situación de la economía formal: pérdidas de puestos de trabajo en blanco, inflación. Según el Indec, se perdieron 380 mil puestos de trabajo formal en los primeros siete meses de gestión. Nosotros decimos que estos efectos se multiplican en el sector de la economía popular: por cada puesto de trabajo formal perdido, los ingresos de 3,5 trabajadores informales se ven disminuidos o anulados. La informalidad es una característica central de este sector de la economía, pero también la precariedad, que se da en diferentes niveles. Este sector abarca desde el albañil que se desempeña en obras en negro hasta el cartonero o el vendedor ambulante, cuya situación de precariedad o exclusión es mayor: no solo el ambiente de desempeño es completamente informal, sino que son perseguidos por autoridades o fuerzas de seguridad.

–¿A qué apunta la declaración de emergencia social y la creación de un salario social complementario?

–Pedimos que se declare la emergencia social, lo que permitiría que el Estado cuente con herramientas extraordinarias para intervenir sobre esa problemática. Pedimos también que se cree el registro de trabajadores de la economía popular, algo necesario porque va a permitir visibilizar el universo real. Nosotros lo estimamos, elaboramos estadísticas que se acercan a ese sector, pero es necesario que el Estado lo sepa para saber cuál es su realidad y, por otra parte, para que los reconozca como existentes. Para estos trabajadores es fundamental tener existencia en el sistema institucional. En base a ese registro se puede avanzar en otras políticas, como el salario social complementario.

–¿En qué consiste ese salario social?

–En un aporte estatal que complementaría los ingresos que ya produce el trabajador con su propio esfuerzo hasta alcanzar el monto del salario mínimo, vital y móvil. Vendría a reemplazar los aportes sociales que tiene un trabajador formal y del que carece uno que no está registrado. Que esos trabajadores sean registrados y reconocidos, que su aporte a la economía sea reconocido y por tanto haya una contraprestación de parte del Estado, y que en ese marco el Estado pueda determinar cuánto le falta en términos de derechos y monetario para alcanzar el salario mínimo, vital y móvil, y otorgárselo por el transcurso de un año, eso plantea el proyecto.

–Si el núcleo del problema es la falta de puestos de trabajo y la informalidad de los existentes, ¿por qué el proyecto está enfocado en la transferencia de recursos directa y no en la generación de puestos de trabajo formales?

–El proyecto sí propone la generación de nuevos puestos de trabajo. Propone que Estado amplíe hasta llegar a 2,5 millones los cupos del programa Argentina Trabaja, que hoy ronda los 800 mil. Es un programa que nació provincial y después se quiso nacionalizar pero la realidad es que no funciona en todas las provincias. Esto permitiría, en conjunto con la emergencia social y el salario social complementario, actuar de manera coordinada avanzando sobre este universo. Por otra parte, uno de los reclamos fundamentales que le hacemos los trabajadores de la economía popular tiene que ver con un reconocimiento de su parte, y eso se solucionaría con el registro. En cierto sentido, es un proyecto de transferencia de recursos hacia sectores que la están pasando mal, pero no en un sentido directo como el de la Asignación Universal, porque lo que se pide es un reconocimiento por un trabajo que ya se realiza. También pedimos en el proyecto que se constituya un comité de crisis social y un consejo nacional de la economía popular, que puedan ser los órganos que vayan de la mano del Estado planificando e implementando esta norma.

–¿Cómo creen que actuará el PRO ante a este proyecto de ley?

–Creemos que no será fácil implementar esto, sabemos que no va ser posible sin lucha y sin conflicto, pero estamos dispuestos. Entendemos que el 7 de agosto hubo una movilización muy grande donde se expresó por primera vez un conjunto muy amplio de organizaciones y de gente en reclamo de una política de trabajo digno y eso tiene un valor fundamental a la hora de que el Gobierno considere ubicarla en su agenda. Sabemos muy bien cuál es el modelo que quiere implementar el macrismo, cuáles son sus intereses, pero nosotros queremos avanzar en la discusión en el Congreso y generar la sanción de este proyecto. En el caso de que Macri decida vetarla, pues seguirá sumando en su mochila costos sociales de estar impidiendo políticas a favor de los trabajadores o sumando políticas en contra. Las movilizaciones son más grandes y más frecuentes a medida que pasan los días. El argentino es un pueblo con mucha conciencia, no será fácil quitarle lo conquistado.