El teatro bonaerense está atravesando un momento de grandes enfrentamientos: en las últimas semanas, teatristas de la provincia denunciaron que el gobierno de María Eugenia Vidal intervino el Consejo Provincial de Teatro Independiente, un organismo creado por ley en 2010 para el fomento y el apoyo a las salas, compañías y actividad teatral de la región, que depende del ahora Ministerio de Cultura de la provincia. El conflicto, que ya lleva varias semanas, tuvo un nuevo capítulo ayer, ya que varios colectivos de artistas de distintas regiones se movilizaron a La Plata para reclamar por movimientos gubernamentales que consideran “ilegítimos”, pero no fueron recibidos.

Creado en 2010 a partir de la puesta en marcha de la Ley Provincial de Teatro Independiente (Ley Nº 14.037), el Consejo Provincial de Teatro Independiente (CPTI) nació con el objetivo de fomentar y proteger la actividad teatral independiente de la Provincia de Buenos Aires, reconociéndola como “un trabajo cultural esencial para el desarrollo integral de la comunidad”. Hasta la asunción de Cambiemos en Buenos Aires, el organismo estaba integrado por un director ejecutivo (el actor Lito Cruz), un representante designado por la cartera cultural y por quince consejeros (teatristas) que representaban a cada una de las “Regiones Culturales” de la provincia, que eran seleccionados por concurso público de antecedentes y que debían tener amplio conocimiento de la situación específica de sus regiones.

La nueva gestión insistió con la idea del cambio: el ministro de Cultura, Alejandro “Conejo” Gómez, redujo las regiones de quince a ocho –coincidiendo con las regiones electorales– y pese a que la mayoría de los consejeros electos por concurso tenía mandato por dos años más y un grupo minoritario aun no había asumido, les mandó una carta documento revocando sus cargos, alegando que debían volver a elegirse representantes para las ahora nuevas regiones. También nombró al teatrista y gestor cultural Alejandro Casavalle como nuevo director del CTPI, quien llamó a un nuevo concurso al que inmediatamente un grupo de los ex consejeros consideró “antidemocrático e interventor”.

El llamado a concurso finalizó el 5 de agosto pasado y desde ayer hasta mañana se lleva a cabo en el teatro Argentino el proceso de selección de los aspirantes. El grupo de ex consejeros que se opone a él –y que no se presentó al nuevo llamado, para el que hubo 27 postulaciones– conformó recientemente un grupo de acción llamado Colectivo Provincial de Teatro Independiente (mismas siglas que el CPTI) y con esa agrupación se hará presente en La Plata durante esta instancia. “El concurso es absolutamente ilegítimo y arbitrario en todos sus puntos y ya nos presentamos antes el defensor del Pueblo para que lo impugne”, dispara en charla con Página/12 la actriz y directora Viviana Ruiz, que hasta que llegaron las cartas documento era consejera por la Región Sudeste, que incluía a distintas localidades de la costa.

“Todo lo que pasó desde que asumió la nueva gestión es arbitrario y es un atropello institucional enorme”, sentencia la referente de El Séptimo Fuego, uno de los espacios teatrales más interesantes de la ciudad de Mar del Plata. “Nos sentimos totalmente perdidos en la provincia, sin la posibilidad de ser escuchados. Como muchos de mis compañeros, yo he sido parte de los borradores de la ley de teatro, para la que trabajé más de diez años de mi vida, y verla avasallada de este modo es terrible”, sostiene.

Para ella y otros de los consejeros desplazados, varios de los puntos propuestos por el nuevo gobierno provincial son inadmisibles. En primer lugar, la reducción de regiones, ya que no obedece a cuestiones estéticas ni de identidad, y mezcla tradiciones, movidas y públicos que venían buscando consolidarse a través de distintas políticas públicas y acciones de gestión. “La reducción es completamente arbitraria y hace que las nuevas regiones sean imposibles de manejar. La que yo representaba tenía catorce localidades. Ahora nos agruparon con la que era la Región Centro, que tiene catorce localidades más, incluyendo Tandil que tiene muchísima actividad por sí sola. Lo mismo pasa en otros lados. A la Región Conurbano Sur la agruparon con Berisso, Ensenada, Brandsen, Matanza. No hay una identidad cultural común”, sostiene la teatrista, que cuenta que La Plata, en tanto, quedó ella sola como una sección, algo también muy cuestionado por los artistas.

Por otro lado, según los teatristas, el achique de regiones también pone en riesgo su participación en las fiestas regionales y provinciales de teatro, que luego desembocan en la Fiesta Nacional del Teatro, que se realiza todos los años en una provincia diferente. “Antes teníamos dos elencos seleccionados por cada región, que podían llegar a participar de la fiesta provincial, para luego ir a la nacional. Ahora, siendo ocho, los lugares de participación se achican, y el recorte es así también estético e ideológico”, explica Ruiz, preocupada por la diversidad de la actividad.

Pero el conflicto es más profundo, porque entre los ex consejeros también hay divisiones internas y hay quienes no se oponen al nuevo concurso, por ejemplo, pero sí tienen reparos en torno a cuestiones anteriores de la ley que dio origen al CPTI. “Que se pueden bajar como si nada las regiones de quince a ocho en principio habla mal de la ley, porque muestra que es bastante vulnerable”, apunta Cristian Palacios, que hasta 2014 fue el representante de la ex Región Noroeste. “Otro problema es que los consejeros trabajen ad honorem, porque el trabajo es muy duro. Si los cargos hubieran sido asalariados hubiera sido más difícil que se revocaran los mandatos”, agrega el teatrista, que fue recientemente nombrado por Gómez como director del Teatro de La Comedia Municipal.

Para él, el salario de los consejeros debería salir de la cartera de cultura y no del presupuesto propio del CTPI, que constituye, según los teatristas, otro de los problemas. El CTPI administra cerca de tres millones quinientos mil pesos, que equivalen al 8 por ciento de los premios no cobrados de la lotería de la provincia. “Cuando salió la ley estaba bien, pero ahora ese dinero quedó obsoleto. La Provincia de Buenos Aires tiene cerca del 30 por ciento de la actividad teatral de todo el país, y hay que pelear porque se suba ese monto”, propone el creador del Festival Internacional Pirologías, para quien lo más importante ahora es “defender el hecho de que siga existiendo la ley”.

Consultado por Página/12, Casavalle aseguró que el concurso es “abierto” y que “los que fueron consejeros también se podían presentar”. “La decisión de cambiar las regiones no fue propia del Consejo sino de todo el ministerio, porque así como estaban no estaban funcionando bien. Al haber nuevas regiones obviamente hay que llamar a concurso, porque hay una nueva regionalización que administrar”, defiende el gestor, que tiene experiencia en el manejo de salas como el Adan Buenosayres, el Teatro 25 de Mayo y el Cultural San Martín. “Esta gestión apuntará a pensar en las salas y en el desarrollo de la actividad y va a ser muy abierta, así que no entiendo qué es lo que denuncia este grupo”, defiende.

Mientras tanto, el CTPI ya abrió líneas de subsidios, que según la ley deben ser distribuidas y decididas por los consejeros, que aun no fueron elegidos. Si bien Casavalle asegura que esperará hasta esa instancia para otorgarlos, los ex consejeros temen “por los criterios que se utilizarán para definir el futuro del Consejo”. “La ley no se hizo para favorecer a los teatristas sino a los espectadores, a los vecinos, como todas las leyes culturales, que son a favor de los ciudadanos. Esperamos que los atropellos que tuvo hasta ahora el gobierno se reviertan”, pide Ruíz, mientras que Palacios agrega: “La gente que hace y consume teatro en la provincia tiene que poder acceder a los beneficios del Consejo, más allá del partido que gobierne. No hay que perder los lugares ganados.”