Defensores del pueblo de diferentes distritos del país cuestionaron los porcentajes de aumento del gas anunciados por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, (203 por ciento para usuarios residenciales y 500 para comercios y pymes) y alertaron por la "incógnita" que se mantiene al respecto para cuando los usuarios reciban las facturas.

"Defendemos los principios del fallo de la Corte (que anuló el primer tarifazo), que son tres: progresividad, proporcionalidad, y razonabilidad. ¿Hay progresividad? Claramente. ¿Hay proporcionalidad y razonabilidad? No las encontramos", advirtió el Defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor, quien fue el primero en intervenir.

Durante su discurso señaló que esos tres principios deben considerarse "de manera complementaria" y reclamó una tarifa social única, "porque si alguien es vulnerable para la tarifa del agua, lo es también para la del gas y la luz".

Además exigió para las pymes -"productoras del 70 por ciento del trabajo en el país"- una tarifa "que reconozca su realidad" y que sea "diferenciada". "Acá se habla de clientes pero nosotros defendemos derechos, personas, no clientes", enfatizó.

Por su parte, la representante de la Defensoría del Pueblo de la Nación Mariana Grosso coincidió que en la propuesta del Gobierno se mantiene "la incógnita al momento de cuando lleguen las facturas".

"No nos parece bien comparar la tarifa del gas con el costo de la TV por cable" como hizo Aranguren al comenzar la jornada: "El gas es un servicio esencial y el Estado debe arbitrar todos los medios" para que las personas puedan acceder a él de manera "asequible".

En tercero de los defensores en hablar fue Juan Carlos Tuzzolino, de la Provincia de Buenos Aires. Exigió "transparencia en la actividad estatal" y "acceso a la información pública" para poder "controlar al Estado", y propuso que la "tarifa social contemple parámetros flexibles de ingreso".

Carlos Lima, Defensor del pueblo de San Juan exhortó a las autoridades nacionales a "valorar lo que se diga, para que esta audiencia no se transforme, dijo la Corte, en un ritualismo innecesario". En tanto, Nicolás Zenteno Núñez, Defensor salteño, participó a través de una teleconferencia: "Se deben respetar los principios constitucionales de gradualidad y razonabilidad", alcanzó a decir, hasta que se cortó su transmisión y se lo reprogramó.