El ministro de Energía, Juan José Aranguren, defendió ayer el tarifazo del gas en la apertura de la audiencia pública que la Corte Suprema le obligó a realizar. Luego de tres propuestas fallidas, el funcionario reiteró que el nuevo esquema contempla un aumento del precio del gas en boca de pozo de 1,29 a 3,42 dólares el millón de BTU (unidad calórica de medición, equivalente a unos 27 metros cúbicos) y después esa cifra se actualizará semestralmente hasta llegar a 6,78 dólares en octubre de 2019, fecha en la que solo quedarían en pie los subsidios de la tarifa social. Si bien todavía no se conocen los cuadros tarifarios, Aranguren insistió en que a partir de octubre los hogares recibirán facturas con aumentos promedio de 203 por ciento y en abril, justo antes del invierno, se sumará otro ajuste. El gobierno organizó la lista de oradores de la audiencia de modo tal que luego del ministro fue el turno de los representantes empresarios que hicieron fila para respaldar el incremento. Las críticas dentro del recinto estuvieron a cargo de asociaciones de consumidores y defensores del pueblo, quienes se quejaron por la falta de información oficial sobre los costos empresarios y advirtieron que los cambios introducidos por el gobierno para intentar dosificar el tarifazo no solucionan los problemas. Por lo tanto, las quejas volverán cuando empiecen a llegar las facturas. En las puertas de la Usina del Arte, donde se realizó el evento, hubo protestas de organizaciones sociales y partidos de izquierda. La audiencia continúa hoy desde las 9 y podría extenderse hasta mañana.

El gobierno montó un amplio operativo de seguridad en las cercanías de la Usina para evitar incidentes. Incluso ordenó suspender todos los partidos de fútbol del ascenso que debían jugarse en la Ciudad de Buenos Aires para disponer de más personal policial. Dentro del recinto, también se buscó garantizar una jornada tranquila prohibiéndoles el ingreso a algunos usuarios que se habían anotado en el Enargas o al menos no incluyéndolos en la lista de oradores. De hecho, por la mañana una mujer protestó a los gritos en la sala porque no estaban dejando ingresar a compañeros suyos al evento, pese a que adentro sobraban los asientos vacíos. Por su parte, el diputado provincial de San Luis, Juan Larrea, integrante del bloque del Frente para la Victoria, se quejó porque lo habían dejado al margen del listado de expositores. “Esto es una farsa”, gritó. El moderador de la audiencia, Javier Corcuera, buscó calmarlo y fue aplaudido por la platea, la cual antes había despedido al ministro Aranguren también con un aplauso, dejando entrever cierta simpatía por el oficialismo. Conflictos similares se registraron en las sedes de Córdoba, Salta, Rosario y Neuquén (ver páginas 6 y 7).

En la Usina del Arte, el inicio de la audiencia estaba previsto para las 9 horas, pero se demoró media hora por un corte de luz que afectó al área de acreditaciones. Una vez solucionado, Aranguren expuso los lineamientos generales de su propuesta con la ayuda del Powerpoint que el Ministerio de Energía ya había incorporado al expediente de la audiencia para que pudiera ser consultado por los interesados. “Estamos proponiendo una reducción gradual y previsible de los subsidios”, aseguró el ministro. Ese es el punto clave del anuncio, pues para las petroleras en esta primera etapa no habrá diferencias respecto de su situación actual.

Según los datos suministrados por el gobierno, las petroleras están percibiendo este año 4,72 dólares por millón de BTU en promedio y ese ingreso no variará. La diferencia es que hasta ahora los usuarios pagan sólo 1,29 dólares de ese total y una vez aprobada la nueva propuesta pagarán 3,42 dólares, con la consiguiente reducción del subsidio que aporta el Estado nacional, el cual pasará a cubrir solo la diferencia entre los 3,42 dólares que abona el usuario y los 4,72 dólares que seguirán recibiendo las petroleras. Ese no es el único subsidio que desembolsa el Estado. Además cubre la diferencia entre el costo de importación y lo que pagan los usuarios por el gas importado que consumen, que en la actualidad representa el 26 por ciento del total de la demanda nacional. El precio de la energía importada es en promedio sustancialmente mayor a esos 4,72 dólares que percibe el productor local. Por ese motivo, Aranguren planteó que los precios para los productores locales seguirán subiendo cada seis meses hasta llegar a 6,78 dólares por millón de BTU en octubre de 2019. De ese modo, busca generar los incentivos suficientes para que la producción local reemplace a la importación. Ese horizonte de precios creciente es el punto clave que seduce a las petroleras. Además, las entusiasma la promesa de que el aumento que van a percibir en los próximos tres años no se financiará con subsidios sino con un tarifazo mayor para el usuario, pues están convencidas que el negocio es más sustentable si no hay subsidios de por medio. Por eso ayer los representantes de las empresas se sacaron chispas en la audiencia para ver quien respaldaba con más énfasis el sendero trazado por el ministro e incluso alguno se atrevió a pedir todavía más.

La lista de los que elogiaron el tarifazo incluyó a Fernando Giliberti (YPF); Hernán Silva (Total Austral), Rubén De Muria (Transportadora Gas del Sur), Guillermo Cánovas (Transportadora Gas del Norte); José Luis Fernández (Metrogas) y Daniel Rivadulla (Ecogas), entre otros. Más allá de los matices, todos coincidieron en la necesidad de reducir los subsidios e incrementar los precios para incentivar las inversiones. Por ejemplo, Hernán Silva, de Total, fue uno de los más explícitos en este sentido. “Es posible en la Argentina reemplazar la importación de GNL por gas argentino. Pensamos que podemos hacer eso de manera competitiva. No con precios que sean superiores a los que hoy está pagando el país para importar GNL. El precio que necesitamos es el precio de paridad de importación de GNL”, aseguró. Es importante aclarar que el precio de GNL que este año está pagando Argentina promedia los 6,65 por millón de BTU por la baja del precio que registró el crudo. Sin embargo, el año pasado se pagó por ese combustible 11,54 dólares por millón de BTU. Por lo tanto, si se ata el precio de los productores a la paridad de importación lo que hoy son 6,6 dólares el año próximo podría volver a ser 11,50 dólares.

Luego de las empresas y las cámaras sectoriales fue el turno de los defensores del pueblo y las asociaciones de consumidores, que en la mayoría de los casos cuestionaron la propuesta oficial. “No es razonable que el precio del gas producido en el país incorpore en su estructura de costos valores correspondientes al flete y transporte, propios del gas importado”, aseguró Héctor Polino, integrante de Consumidores Libres. “Lamentamos que no esté expuesta la estructura de costos ni de gas en boca de pozo, ni de transportistas ni distribuidoras”, agregó la representante de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Mariana Grosso. Sergio Proceli, presidente de Consumidores Argentinos, fue otro de los que expresó su disidencia. “No hay ningún análisis del impacto que tiene semejante tarifazo en un servicio público esencial. En un contexto económico con recesión, desempleo e inflación no hay referencia a las consecuencias que puede generar en la economía y tampoco se analizó si el consumidor va a poder pagar”, agregó . Los contrapuntos siguieron durante todo el día y al cierre de esta edición ya habían expuesto 90 de los 373 inscriptos. En el Ministerio informaron que interrumpirían a la medianoche para retomar hoy a partir de las 9 de la mañana.

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