El Centro Cultural Kirchner (CCK) fue construido en el pasado oprobioso para ampliar, en un espacio de primera, el acceso popular a consumos culturales. En la semana que pasó fue utilizado para tender “una alfombra roja” a un granado grupo de potenciales inversores extranjeros.

Los swaps de yuanes facilitados por el gobierno chino para fortificar las posiciones del Banco Central se transformaron en reservas en dólares, capitalizando otro aporte del gobierno anterior.

La autonomía nacional conseguida merced al desendeudamiento externo sirve como trampolín para incurrir en otra etapa de salvaje toma de créditos en el mercado financiero internacional: en el futuro se pagará con usura.

El oficialismo recién venido aprovecha ventajas conseguidas en los mandatos precedentes al servicio de un proyecto diferente y en buena medida antagónico.

Hay partes del legado menos sencillas para usar en provecho propio, entre ellas la herencia institucional y las prácticas sociales. Las convenciones colectivas y el hábito de reclamar en la calle son dos ejemplos cotidianos. La protesta social y sindical se sigue desplegando más allá de no tener una fuerza política que la ordene, la lidera o conduzca a sus vertientes.

El crecimiento del aparato sindical y la capacidad de las organizaciones sociales escriben agenda en paralelo a la del Gobierno, que siempre tiene el sabó en la mano y es el primer protagonista de la iniciativa política.

Las puertas del CCK se cerraron a los gremios, a los opositores, a las Pymes y a buena cantidad de funcionarios provinciales. En la Audiencia pública sobre el tarifazo de gas se restringió la lista de oradores al punto de parafrasear la frase del escritor Macedonio Fernández que tanto solazaba a Borges: “fueron tantos los que faltaron que si falta uno más, no cabe”.

A despecho de las fronteras erigidas por el Gobierno, la realidad se cuela por otros andariveles, espacios, edificios. Por caso, en el de la CGT.

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Encaminar el conflicto: Los triunviros de la flamante conducción o ocuparon sendas oficinas en la sede de la calle Azopardo. Juan Carlos Schmid, el que puntea en la perspectiva de quedar cuando la conducción sea unipersonal (como mejor cuadra) atiende allí de lunes a viernes.

Los tres Secretarios Generales (¿o cada uno es un tercio?... habría que indagar) no viven encerrados. Rolan en encuentros con otros sectores, que van desde las dos CTA a las organizaciones sociales, pasando por la cúpula de la jerarquía de la Iglesia Católica o la conducción del Partido Justicialista. A los demás no les piden análisis de saliva, a los popes peronistas les sugirieron que no fuera de la partida el ex gobernador bonaerense y candidato presidencial Daniel Scioli. El diputado y ex gobernador sanjuanino José Luis Gioja aceptó el convite, con un sectarismo interno digno de mención y reproche.

La conducción de la CGT amasa la huelga general que tiene pinta de ser imparable porque las bases están disconformes y porque el Gobierno parece hacer todo lo posible para provocarla.

El agravamiento del desempleo y de la situación social es percibido por los triunviros, el valor adquisitivo de los sueldos cae, las suspensiones se suman a los despidos. La nueva conducción está más atenta que las precedentes a la masa de compañeros sumidos en la informalidad y a los riesgos que suele detonar el verano en las poblaciones vulnerables, cuando la malaria aumenta. Schmid lo explica con un vocabulario y una mirada que su referente, Hugo Moyano, sabía omitir. En una entrevista realizada semanas atrás en Página/12 y en cualquier diálogo que sostiene, traslada el saber de su laburo al conflicto social: cuando una caldera recalienta hay que elegir entre dos recursos. O arrojarle agua fría desde afuera o dejar salir el vapor. El agua fría, póngale, son medidas de gobierno o de las empresas que descompriman. El vapor sería el conflicto que, con mirada sistémica, es leído en Azopardo como funcional al sistema democrático y no como una ruptura. El equipo del presidente Mauricio Macri gritará lo contrario a los cuatro vientos si el paro se concreta.

El Gobierno incumplió por enésima vez una promesa de campaña: la alteración sustancial del impuesto a las ganancias para los empleados en relación dependencia. En la feria de ilusiones, lo apodaba “impuesto al trabajo” (una falacia cara a las cúpulas sindicales) y se comprometía a derogarlo. Las dificultades para recaudar, autogeneradas por la recesión y la reducción o supresión de impuestos, lo indujeron a desdecirse. La bandera encabezaba los reclamos contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, los compañeros cegetistas llevan un pliego de demandas más amplio, no concentrado en los trabajadores mejor retribuidos. Para estos, la nueva es mala y alimenta la caldera.

El presidente Mauricio Macri y su gabinete confiaron en que la entrega de fondos para Obras Sociales les granjearía el favor eterno de la jerarquía gremial. Nunca es para tanto: las adhesiones se consiguen a plazo fijo, supeditadas al trato futuro. La creación de un nuevo sistema de Salud, además, les resta poder y dinero a las Obras Sociales. Difícil establecer el quantum pero los compañeros secretarios generales saben hacer la cuenta y registran que les están sacando de “la caja” parte de lo que les habían transferido.

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Paritarias, vade retro: Varios gremios exigen reapertura de las convenciones colectivas. En algunas ramas de actividad la segunda ronda de negociaciones fue pactada, para no tener que precaver toda la inflación que el gobierno negaba pero que vive y colea. Otros sindicatos se rebelan ante la caída de los ingresos.

El Ministro de Hacienda y Finanzas (no de Economía), Alfonso Prat Gay, pontificó que las convenciones colectivas no deben reabrirse si la inflación se ubica por debajo de un piso fijado por su frondosa imaginación. El gobierno ansía modificar, a la baja, la legislación laboral vigente. Prat Gay la “deroga” hablando con la prensa: no es ese el sistema legal argentino pero hay ministros que lo ignoran.

La posibilidad de acordar concierne, en principio, a las empresas y los gremios. Suprimir las negociaciones de prepo no figura entre las facultades estatales.

La ficticia señal puede buscar seducir a los inversores mientras redobla el activismo gremial.

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De San Cayetano al Senado: Las organizaciones sociales peregrinaron desde San Cayetano hasta el Senado y consiguieron pactar con legisladores del Frente para la Victoria (FpV) y el GEN un proyecto de “Ley de emergencia social y de las organizaciones de la Economía Popular”. La apocopamos como “Emergencia social” y contamos que el FpV garantiza sobradamente el número para aprobarla en la Cámara Alta mientras el senador del GEN, Jaime Linares, añade una pátina de diversidad.

El proyecto es tan escueto como pretensioso: crearía un “Programa solidario de ingreso social con trabajo”, esto es superador de los “planes sociales”, en órbita del Ministerio de Desarrollo Social. El Programa debe crear un millón de puestos de trabajo en todo el país y garantizar un Salario Social Complementario para los trabajadores informales que deberán inscribirse en un nuevo Registro ad- hoc. Ese ingreso elevará los haberes de los trabajadores informales de modo de completar el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Si Macri vetó la Emergencia ocupacional, una acción paliativa y transitoria suspendiendo los despidos, sin inversión fiscal, se presume que haría lo mismo con esta ley, si se consiguiera mayoría opositora en Diputados, lo que dependerá en buena dosis del apoyo del Frente Renovador que lidera Sergio Massa.

La movida pone de manifiesto la necesidad de abordar las necesidades de un largo tercio de los trabajadores, cuya situación se ha agravado especialmente desde diciembre. La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, acordó con el Movimiento Evita la creación de decenas de “merenderos” en el Conurbano aduciendo que no era imprescindible crear comedores. La enorme y creciente demanda en los merenderos la alertó sobre la insuficiencia de su parecer… Ahora trajina la instalación de comedores, que trasuntan que la necesidad más básica vuelve a acechar en las barriadas humildes.

La “Emergencia Social”, más un esbozo que un proyecto acabado, ameritaría un debate enriquecedor del proyecto original, tomando por las astas el desafío. Su itinerario, da la impresión, será otro: una suerte de rutina parlamentaria camino al veto que le posibilitará al bloque presidido por el senador Miguel Pichetto dejar testimonio de preocupación social y darse margen para negociar otros temas con el oficialismo.

Para las organizaciones sociales, poner de manifiesto necesidades e interpelar al Ejecutivo es un logro (inacabado) en sí mismo.

Las dos CTA siempre acompañaron a esos sectores, la CGT renovada, en una de esas, se iniciará en igual rumbo.

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Primavera y octubre: Llegan la primavera y octubre, mes con efemérides entrañables. El Presupuesto entra por Diputados y seguramente conseguirá aprobación tras otorgar concesiones a las provincias, dos facetas de la correcta práctica parlamentaria. Las cifras oficiales expresan buenos deseos o ilusiones, extramuros de Cambiemos nadie cree en ellas… intramuros también hay incrédulos.

El oficialismo se entretiene o asila en guarismos gaseosos: las encuestas sobre imagen presidencial, los índices de expectativas de las universidades pagas. Ese universo hipotético es más confortable que los números duros de la economía real cuyo repunte se difirió hasta el 2017, momento cuya ventaja es no ser (tan) inminente.

El Gobierno usufructúa un Estado con recursos importantes aunque, ay, finitos. La sociedad civil, en gran proporción, le responde protestando porque la copa tarda en llenarse y el derrame solo existe en el imaginario de la derecha.

Los empresarios que pasearon por Buenos Aires disfrutaron de su belleza y hospitalidad. Los funcionarios, empezando por Macri, les hicieron reverencias chocantes o dolorosas para sensibilidades de izquierda, progresistas o nacional populares.

Lo peor que ofrendaron es menos explícito: ventajas legales susurradas bajo el cono del silencio, regímenes transigentes con las sociedades truchas, domesticación de la clase trabajadora. Queda claro cuál es la promesa más difícil de garantizar según revelan las calles y las plazas, más rotundas que los datos provistos por consultoras bien compensadas y por centros de saber que integran el amplio arco VIP de apoyos del macrismo.

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