En la entrada del único colegio secundario que tienen los habitantes de Puerto Argentino hay un mapa de Sudamérica donde el territorio continental argentino no está, sólo se ve una prolongación del océano Atlántico y una señalización del “South Sea” (Mar del Sur). Su antipatía hacia los argentinos siempre fue visceral y aunque nos quisieron ignorar, siempre buscaron la forma de sacar ventajas de su situación de aislamiento. Por eso sorprende la celebración en el gobierno de la noticia del acuerdo de entendimiento entre la canciller Susana Malcorra y el Vicecanciller británico, Alan Duncan, que les permite seguir usurpando recursos como la pesca o los hidrocarburos, tener una libre navegación de sus barcos o reanudar vuelos a otros países de Sudamérica, todo a cambio de nada. El gobierno de Mauricio Macri les está cediendo demasiado privilegios. Como para que no lo vieran con satisfacción –y hasta lo celebraran– los isleños. El papelón del anuncio de la posibilidad de un diálogo sobre la Soberanía de Malvinas, después de la declaración conjunta, dejaba explícito un reconocimiento de que no se hablaría de soberanía, de alguna forma aceptando la posición británica. El anuncio que realizó Mauricio Macri en Naciones Unidas sobre esa posibilidad de hablar de soberanía generó aún más desconcierto. Hasta ahora ni el gobierno, ni los medios británicos abordaron el tema, silencio de radio a un tema que no es menor.

Bajo la pretensión de buscar socios para el crecimiento económico del país, el gobierno de Mauricio Macri refleja de alguna manera su intención de afianzar las relaciones con el Reino Unido, ignorando la Constitución y las medidas legislativas y judiciales que han tomado los representantes del pueblo argentino para proteger sus recursos naturales, frente a la explotación ilegal de la pesca e hidrocarburos que hace el Reino Unido y quienes se benefician con las regalías cedidas por los kelpers. Cualquier acuerdo que firme el presidente Mauricio Macri viola la Ley de Hidrocarburos que prohíbe la explotación de petróleo en la plataforma continental argentina y establece las sanciones pertinentes.

A lo largo de 183 años historia, las estrategias imperialistas de Gran Bretaña intentaron hacer usufructo de nuestros recursos naturales. En este caso, utilizan una supuesta alianza comercial para lograr nuevas ventajas que no son casuales. La separación económica del Reino respecto de la Unión Europea, introdujo la necesidad de la Corona británica de buscar nuevos aliados. Así los mares del sur se vuelven una zona de estratégico interés por su petróleo. En tanto, con el argumento de la inversión extranjera y de la apertura al mundo, el gobierno de Mauricio Macri pretende entregar nuestra soberanía y poner en segundo plano nuestros reclamos históricos.

El gobierno británico no sólo ha sido indiferente a la Resolución 2065 de las Naciones Unidas, que año tras año llama al Reino Unido a dialogar con nuestro país, sino que además incumple con la obligación de dar una solución pacífica a la controversia de soberanía.

Como una cuestión de Estado, hay que recordarle a las autoridades que está vigente la Declaración de Ushuaia, aprobada por unanimidad por todas las fuerzas políticas que integran el Congreso de la Nación, la cual reivindica la soberanía de las Islas Malvinas, denuncia la militarización del Atlántico Sur y establece que los recursos naturales son patrimonio de la República Argentina.

No se puede ignorar en la agenda, la situación de Mount Place, que es el mayor destacamento militar que hay en el hemisferio Sur. Con la excusa de vigilar a la Argentina por un supuesto ataque, la base mantiene el control militar de todo el mar austral y de los pasos bioceánicos, y pone su mirada territorial en el sector antártico.

¿Qué beneficio obtiene la Argentina con la firma de este posible acuerdo? ¿Abre el camino a la integración con los habitantes de las islas, o sólo les da beneficios a los Kelpers como en los años noventa? La causa Malvinas en Argentina tiene un consenso generalizado y parecía que sobre este tema no había discusión. Nuestros reclamos soberanos aparentaban ser una cuestión de unidad del pueblo argentino, en la cual todos teníamos la misma camiseta celeste y blanca.

La defensa de nuestra soberanía en Malvinas no sólo es una causa argentina, sino que se ha convertido en un principio político de toda América Latina, en la defensa de su territorio y de los derechos de la Patria Grande. Se trabajó a lo largo de los últimos años en el Mercosur, la Unasur y la Celac para que la región tomara como propio este reclamo. Además, la región acompañó y respaldó incondicionalmente a la Argentina en esta lucha en los foros internacionales rechazando la existencia de un territorio colonial en el sur de nuestro continente.

Como lo establece la Constitución, el actual gobierno argentino debe cumplir con el ejercicio pleno de la soberanía como un objetivo irrenunciable de todo el pueblo argentino. La defensa de la causa Malvinas no es potestad de un partido político o de un gobierno, sino que es una cuestión de Estado, un reclamo de la sociedad argentina en su conjunto, y que en estas instancias se ha vuelto parte de nuestra identidad como nación. Por todo esto, Malvinas no se negocia.

* Corresponsal Telesur, Argentina. [email protected]