El Colectivo para la Diversidad (COPADI), el Movimiento de Profesionales para los Pueblos y el legislador José Cruz Campagnoli, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, presentarán hoy un amparo ante la justicia de la Ciudad cuestionando la cesión de un inmueble a la Nación para que funcione como cárcel de migrantes. El pedido apunta a la anulación del convenio firmado el mes pasado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ministro de Justicia porteño, Martín Ocampo, y el director nacional de Migraciones, Horacio García, por el cual el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta le cedió al del presidente Mauricio Macri un edificio del barrio de Pompeya para alojar a migrantes que tengan documentación irregular, de modo previo y hasta que la justicia revise la eventual expulsión dictada por Migraciones. Los firmantes del amparo advierten que la cesión vulnera derechos constitucionales como el acceso a la justicia y la igualdad ante la ley, y que de concretarse la iniciativa, Buenos Aires tendría el triste privilegio de albergar la primera cárcel para migrantes de América Latina.

“Apresar migrantes por razones ajenas a la comisión de algún delito, por no tener su documentación en regla, constituye un retroceso muy significativo en la política migratoria: implica la vuelta a los principios de la ley Videla de 1981 donde se estigmatiza al inmigrante irregular asociándolo a la delincuencia y privándolo de derechos”, advierten las organizaciones que firman el amparo. “La prisión preventiva efectiva para todos los casos de expulsiones mientras tramite el recurso judicial, además de la grave problemática que contrae el encierro administrativo, podrá derivar en que muchos migrantes opten por desistir de su recurso judicial y se vean obligados a dejar el país sin demora, más allá de que su expulsión haya sido inválida o ilegal”, destacan.

El motivo alegado por el gobierno de Macri para crear un penal en la ciudad con mayor densidad de migrantes del país es “combatir la irregularidad migratoria”. El convenio firmado el 19 de agosto dice que la cárcel será para detener a los ilegales “al efecto de cumplir con su orden de expulsión”. El edificio ubicado en el Pasaje Colmo al 3860 sería destinado al “alojamiento de personas infractoras a la Ley de Migraciones (...) en calidad de retenidos (...) al sólo y único efecto de cumplir la orden de expulsión dictada respecto de un extranjero”, establece. La Policía Federal “se ocupará del traslado y custodia de los extranjeros retenidos”.

La medida es cuestionada por Amnistía Internacional, organismos de derechos humanos, especialistas en migración y delegaciones diplomáticas, que advierten que reforzará un peligroso giro en curso: en reemplazo de la política auspiciada en la década anterior con la Ley de Migraciones, que buscó regularizar a los migrantes, en su enorme mayoría personas de países vecinos que llegan en busca de trabajo, el PRO avanza en una política de persecución y estigmatización, asociándolos a la idea del delito. El amparo que presentarán el COPADI, el Movimiento de Profesionales para los Pueblos y Campagnoli destaca que el inmueble porteño no puede ser usado para retroceder en los derechos de los habitantes de la Cuidad, tanto argentinos como migrantes, y advierte que la cesión vulneró los derechos constitucionales de acceso a la justicia y a la igualdad ante la ley, y por ello, debe ser anulado.