Los datos oficiales son incontrastables. En los primeros tres meses de los operativos de control poblacional las fuerzas de seguridad interceptaron a 150.000 personas, de las cuales 450 resultaron detenidas “por distintos motivos, en su mayoría evadidos de la Justicia que portaban documentación falsa y que tenían estupefacientes”. Es decir que sólo dieron tan magro resultado el 0,3 por ciento. En el abrumador 99,7 por ciento restante esos procedimientos que vulneran derechos constitucionales como la libertad y la privacidad, además fueron ineficaces para cualquier finalidad útil y legítima. ¿Por qué se realizan, entonces? Esa práctica generó grandes polémicas en Estados Unidos, donde se denomina “stop and frisk”, que significa parar y registrar. Ante una demanda del Center for Constitucional Rights la justicia encontró culpable a la policía de Nueva York de aplicar un modelo y de seguir una práctica inconstitucional de discriminación racial, lo que llevó a un proceso de reforma policial en curso. Suprimidos esos operativos, el delito disminuyó. El diario sensacionalista New York Daily News se disculpó: “Estábamos equivocados”.”

Desde el gueto

Conviene atender a lo que las palabras dicen: “Operativos de Control Poblacional” es la denominación que el Ministerio de Seguridad ha dado a esos procedimientos. Y en eso consisten: no se trata de combatir la denominada inseguridad sino de controlar a la población mediante el empleo de todas las fuerzas federales y locales. Y no a cualquier población. Los operativos se concentran en los barrios populares y el objetivo principal son los varones jóvenes, en una versión light de la barbarie que caracteriza la relación de las policías de los Estados Unidos con los jóvenes afroamericanos y que ha generado como respuesta el movimiento Black Lives Matter (las vidas negras cuentan). Los criterios que utilizan las fuerzas argentinas se encubren bajo la denominación genérica de olfato policial. En Estados Unidos el cariz racial ofusca la percepción de su carácter clasista. En la Argentina no hay duda posible. En ambos lados, esas conductas acompañan una profundización de la desigualdad y la concentración del ingreso, el avance del Estado Penitencia que sucede al retiro del Estado Providencia, según la definición precisa del sociólogo francés radicado en Estados Unidos Loïc Wacquant.

El jueves, una gran concentración frente a la garita de Prefectura en la esquina de Osvaldo Cruz e Iguazú, en el complejo habitacional que comprende las villas 21 y 24 y el Barrio Zavaleta, protestó por las torturas que una docena de prefectos infligieron en ese mismo lugar a dos adolescentes que les entregó la Policía Federal, Ivan Navarro y Ezequiel Villanueva Moya. Es el asentamiento precario más grande de la ciudad, donde viven 33.000 personas. La garita estaba cerrada mientras se desarrolló el acto, pero un desmesurado contingente de gendarmes y policías federales recorrían el barrio, mientras móviles de Prefectura y de la Policía Metropolitana patrullaban su perímetro como si fuera un gigantesco gueto urbano. Sólo faltaba la Policía de la Ciudad, que se estaba reponiendo de las fatigas de la actuación del miércoles con sus uniformes y helicópteros de fantasía. Durante días, el Ministerio de Seguridad no se pronunció y delegó el manejo de la información en la propia Prefectura. Es lógico, porque los prefectos siguieron la luz verde que el Ministerio les dio, con su Protocolo de actuación en casos de protestas sociales (que no pudo poner en práctica dado que ni las jurisdicciones más afines lo tomaron en cuenta por disparatado) y con las actitudes de la ministra Patricia Bullrich ante episodios previos, como los escopetazos disparados contra los chicos de una murga que ensayaba en otra villa, la del Bajo Flores. Un comunicado de la Prefectura sostuvo que los siete agentes ya identificados y detenidos por orden judicial en el penal de Marcos Paz habían sido dados de baja. El comunicado fue leído desde el palco de la revista La Garganta Poderosa, cuya bandera lucía las imágenes de Rodolfo Walsh, Luciano Arruga y Juana Azurduy. El orador dijo que no había sido la Prefectura sino la movilización de todos los presentes la que había dado de baja a los prefectos. La rápida reacción de las víctimas y de la revista visibilizó lo sucedido y la inmediata presencia de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin) no dejó otra salida a la jueza María Gabriela Lanz que ordenar las detenciones.

Realidad virtual

Pero fue necesario el acto del jueves, que alcanzó la tapa de este diario el viernes, para que recién ese día el Director de Seguimiento de Causas de Violencia Institucional y Delitos de Interés Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Daniel Barberis, emitiera una declaración según la cual los prefectos “involucrados en el aberrante suceso” (Leandro Antúnez, Eduardo Sandoval, Osvaldo Ertel, Ramón Falcón, Yamil Marsilli, Félix Demiranda y Orlando Benitez) fueron dados de baja. “Estas medidas son las más contundentes pues implican la desvinculación de la Fuerza y la pérdida de todos los beneficios” y constituirían “un mensaje claro a todos los miembros de las Fuerzas de Seguridad, para marcar una línea de conducta”, agregó. Dar de baja es una expresión coloquial, que no figura en las leyes y reglamentos policiales, que van desde el apercibimiento hasta la exoneración, por supuesto luego de un cuidadoso procedimiento administrativo que en este caso no hay constancias de que se haya iniciado, lo cual puede ser un arma de doble filo. Esta reacción gubernativa ante la demanda social es la estrategia de sacar la manzana podrida, pero no se ha anunciado ninguna investigación sobre qué sucedió en el operativo, quién estaba a cargo, qué rol cumplió la Policía Federal y cuáles son las directivas oficiales al personal. Ni la Dirección de Barberis, ni la de Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Matías Garrido, tienen ningún trabajo de fondo ni poder para modificar las políticas vigentes ni cambiar las prácticas policiales. Todo lo que hicieron fue gestionar el escándalo político y mediático que se generó a raíz del Poder de la Garganta para visibilizar lo que no es más que un procedimiento de rutina.

Su ostensible propósito de disciplinamiento es parte integral del programa de gobierno de la Alianza Cambiemos, no para mejorar la seguridad sino para someter por el temor a la población más desaventajada, e impedir que reaccione ante las políticas oficiales que consisten en privarlos de derechos, bienes materiales y simbólicos. Para justificarlo fue necesario instalar la idea de una grave crisis de seguridad, de la cual el estereotipo con mayor aptitud sugestiva es el del narcotráfico. Sin desmayo desde el 10 de diciembre pasado, el presidente Maurizio Macrì incluye la lucha contra “ese flagelo” (denominación que ya connota una calamidad) como clave de su gestión, junto con la reducción a cero de la pobreza y la unión de los argentinos. Esos slogans proselitistas carecen de toda entidad. Lejos de disminuir, la pobreza va en acelerado aumento (cualquiera sea el instrumento de medición que se aplique); las confrontaciones políticas son tan nítidas y legítimas como siempre y fue el llamado zar antidrogas de Estados Unidos, William Brownfield, quien durante su primera visita para coordinar políticas, dijo que la Argentina sigue siendo un país de tránsito pero no productor de drogas. La emergencia de seguridad (que primero declaró el Hada Buena en Buenos Aires para comprar material sin licitación) es una realidad virtual creada por la política y los medios para justificar un dispositivo de represión, no al delito ni la droga, que no existirían sin la participación de las fuerzas, sino al conflicto social.

Texto y contexto

Un estudio flamante sobre hostigamiento policial a jóvenes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por el CELS y por el Equipo de Antropología Jurídica que dirige Sofía Tiscornia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA*, centró la investigación en la Villa 21-24 de Barracas, por lo que sus datos son inapreciables para comprender lo que les sucedió a Ivan y Ezequiel el sábado de la semana anterior.

El informe analiza las construcciones ideológicas, las prácticas y las políticas públicas que hacen admisible que en la misma ciudad coexistan barrios y espacios sociales protegidos o vigilados. A los primeros se los presenta como merecedores de protección y cuidado mientras los otros son tenidos como peligrosos y fuente de ilegalidades y delitos. Así se confrontan también dos concepciones antagónicas de la seguridad: una, de raíz totalitaria, es la seguridad del Estado frente a la sociedad, la otra, democrática, la seguridad de las personas y grupos sociales para el ejercicio de sus derechos y libertades. Estas tendencias se despliegan en el marco de un crecimiento sostenido de las villas y asentamientos en la Capital Federal, que entre 1962 y 2010 crecieron un 50 por ciento en cantidad, casi duplicaron su superficie y multiplicaron por cuatro su población.

Con datos del programa de acceso a la justicia de la Procuración General de la Nación (Atajo), el informe sostiene que el operativo Cinturón Sur que el anterior gobierno puso en marcha en los barrios del sur de la ciudad, tuvo una recepción inicial positiva porque implicó el desplazamiento de los efectivos de la Policía Federal, autores de abusos sobre la población y/o de protección de grupos ligados a mercados ilegales. En cambio el trato de gendarmes y prefectos era amable y respetuoso y tanto los vecinos como distintos agentes estatales destacaban una mayor tranquilidad en el barrio en materia de libre circulación y una menor conflictividad. También se verificó una relativa disminución de homicidios en esa zona de la Ciudad, especialmente relevante ya que según los informes producidos entre 2010 y 2012 por la Corte Suprema de Justicia bajo la dirección de su ex ministro Raúl Zaffaroni en la denominada medialuna sur (que incluye las Comunas 1, 4, 7, 8 y 9) se produce el 63 por ciento de los homicidios, con una tasa de 10 por cada 100 mil habitantes, tres veces mayor a la de 3,05 cada 100 mil que presenta el resto de la Ciudad y que está entre las más bajas del mundo. Pero esa tendencia se revirtió a partir de 2013, con un número significativo de casos producidos por las propias fuerzas de seguridad. Entre 2013 y 2014, la participación de funcionarios policiales en homicidios dolosos creció de 9,1 a 12,2 por ciento. A ello se sumaron reclamos por maltratos, tan habituales que Atajo elaboró el material informativo “Jóvenes y Fuerzas de Seguridad” en el que se glosan derechos y se enumeran prácticas de las fuerzas de seguridad que son caracterizadas como violencia institucional y que deben ser denunciadas: detenciones reiteradas por averiguación de identidad, requisas sin motivo aparente, verdugueos, retención del documento de identidad, privación ilegítima de la libertad, armado de causas, obligar a los detenidos a subirse a móviles sin identificación o pasearlos en patrullero, tomarles declaración, mantenerlos incomunicados, hacerlos examinar por personal no médico, sacarles fotos y exhibirlas. También la Procuvin publicó el año pasado un informe sobre “Violencia policial sobre niños, niñas y adolescentes”. La Policía Federal es la institución con mayor cantidad de denuncias (75 por ciento). Más de la mitad se concentran en las comisarías con jurisdicción en los barrios de la zona sur de la ciudad: Abasto (comisaría 9ª), Flores (38ª), Lugano (48ª), Constitución (16ª), San Cristóbal (8ª), Parque Avellaneda (40ª), Versalles (44ª), La Boca (24ª), Retiro (15ª), Barracas (28ª) y Lugano (37ª). Le sigue la Policía Metropolitana, con 14 por ciento de las denuncias y una concentración del 82 por ciento en la comisaría de la Comuna 4 (Parque Patricios, La Boca, Barracas y Nueva Pompeya). El restante 14 por ciento de las denuncias correspondió a los gendarmes y prefectos del Operativo Cinturón Sur. Cualquiera sea la fuerza, las denuncias se concentran en la zona sur de la ciudad. El 93 por ciento de las víctimas son varones (el más joven, de apenas 10 años) y dos tercios tienen entre 16 y 17 años. Casi todos (95 por ciento) denunciaron haber sido golpeados, 9 de cada 10 son argentinos y el 87 por ciento contaba con documento de identidad al momento de su detención, lo cual contradice los mitos circulantes. Con frecuencia se utilizan esposas como instrumento de hostigamiento y producción de dolor, se amedrenta con armas de fuego (culatazos, apuntar con el arma cargada, disparando al aire) También se mencionan acosos, toma de fotografías, requisas vejatorias, desvinculación familiar, negativa a explicar a los jóvenes sus derechos al momento de la detención. En cuatro casos se denunció la aplicación de picana eléctrica y en dos el empleo de gas pimienta.

Los investigadores descubrieron que el hostigamiento y la violencia policial articulan prácticas legales y procedimientos formales con otras arbitrarias, abusivas e ilegales, cuyas fronteras no son claras y evidentes. En su enumeración hay amenazas, abusos y violencia en distinto grado, que no dan lugar a ninguna intervención institucional ni repercusión porque se toman como parte del orden habitual. Las situaciones abusivas, violentas y/o de destrato y arbitrariedad, llegan hasta prácticas delictivas como golpes, malos tratos e insultos, rotura de objetos, amenazas y robo, con la presencia de funcionarios policiales en las casas. Incluye situaciones de riesgo y violencia entre vecinos en las que las fuerzas no intervienen o por el contrario, lo hacen en forma temeraria que incrementa los niveles de violencia y riesgo. Por ejemplo, gendarmes que ametralladora en mano ordenan a los adolescentes que después de las diez de la noche se recluyan en sus casas, los ponen contra la pared, los revisan, los patean. En algunos barrios, los relatos juveniles dan cuenta de la presencia de “la Brigada” de prevención de la Policía Federal, a la que describen como “delincuentes con uniforme” (aunque no lo usan y se desplazan en autos sin identificación y con vidrios polarizados). También abundan las provocaciones, amenazas y extorsiones policiales a grupos de jóvenes reunidos en placitas, canchas u otros espacios públicos. El relato más espectacular que recogieron fue un operativo masivo en la Villa 20. La policía detuvo a un grupo de menores de edad que jugaban al fútbol, los esposó y los subió a una camioneta para llevarlos a la comisaría. La reacción de los vecinos, que apedrearon a los policías y prendieron fuego a un auto para bloquear el paso impidió que se los llevaran. Jóvenes y vecinos de la Villa 21-24 refieren una “nueva moda” de la Prefectura: “Se llevan a los pibes por atrás de la cancha de Huracán. Les ponen un buzo en la cabeza, los re cagan a palos y los dejan tirados por el hospital”. Los jóvenes asocian esa práctica con el fallo Vera del Tribunal Superior de la Ciudad, por el que, dicen, “te pueden parar sin DNI en la Capital”.

El Programa Atajo es una de las oficinas del Estado que tiene mayor presencia en la villa 21-24. Desde que abrió sus puertas a mediados de 2014, su oficina tramitó, asesoró, derivó y/o articuló con otras dependencias 18 denuncias formales por amenazas, detenciones precedidas de golpes, exhibición y/o disparos de arma de fuego. La mayoría de las denuncias y consultas son por allanamientos del grupo GEOF y personal especializado en drogas de la Policía Federal, Prefectura Nacional y Policía Metropolitana e incluyen roturas, robos y malos tratos durante el procedimiento. Las prácticas de hostigamiento varían según la fuerza de seguridad. Prefectura y Gendarmería efectúan controles vehiculares, obligan a los jóvenes a bajar del vehículo, les piden documentos, los hacen parar contra la pared, los requisan y sacan fotos de sus pertenencias, los empujan y maltratan. La Policía Federal y en particular su Cuerpo de Prevención Barrial actúan sobre el uso y permanencia de los jóvenes en el espacio público (en plazas, esquinas y pasillos), que quieren siempre despejados. La Gendarmería hostiga en especial a los jóvenes en situación de calle con consumo de pasta base. Entre sus prácticas descriptas se destacan las requisas y pedidos reiterados de documentos, el constante verdugueo e inclusive golpes propinados dentro de las garitas donde, en palabras de los vecinos, “los encierran para molerlos a palos” o les inician causas; mientras “hacen la vista gorda con los transas y con los que roban, a quienes luego les piden plata”. Un caso trascendió porque dos agentes institucionales (Nahuel y Eugenia, trabajadores de la Casa de la Cultura, militantes, docentes en el barrio, ligados a una trama de instituciones y organizaciones sociales con un fuerte asiento territorial) intervinieron en defensa de jóvenes del barrio y resultaron también víctimas. Un grupo de adolescentes escuchaba música frente a la casa de uno de ellos. Cuatro prefectos los abordaron en forma violenta, los pusieron contra las rejas y con golpes e insultos les ordenaron que se fueran a sus casas. “Cerrá el orto sindicalista de mierda, no te metás”, fue la respuesta de un prefecto ante la intervención de Nahuel, a quien se sumó luego Eugenia. “¿Y cuando uno de estos villeros de mierda te robe el celular a vos o a ella?”, dijo el prefecto como justificación de sus actos, mientras arribaban cerca de ochenta policías de la Federal. Cuando intentaron filmar ese despliegue desmesurado los sometieron a una requisa que no ahorró golpes, patadas, manoseos violentos, insultos y amenazas a Nahuel y Eugenia. Una práctica habitual devino así un caso testigo y su denuncia adquirió aún mayor visibilidad cuando fue relatado durante un acto en el barrio por el día de la Lucha contra la Violencia Institucional. El ejercicio arbitrario y violento del poder suele expresarse como conflicto interpersonal toda vez que la posibilidad de denuncia no ofrece para el joven que lo padeció más que un mayor riesgo y exposición a los arbitrios de ese agente. Y cuando desde el interior de alguna institución se intentan excluir los modos violentos de proceder en las rutinas policiales, puede ser el denunciante el que resulte excluido, como le ocurrió a un cabo del Cuerpo de Prevención Barrial de la policía. Por ello resulta indispensable contar con dispositivos y mecanismos en las fuerzas de seguridad para evitar la comisión de prácticas abusivas y violentas y con el control político de las fuerzas por parte del Ministerio de Seguridad, es decir aquello que la actual gestión desmanteló.

* El equipo de investigación está integrado por María Victoria Pita, Florencia Corbelle, Florencia Brescia, Ludmila Schoenle y Martín Locarnini.