Fue un 12 de octubre cuando asesinaron al comunero diaguita Javier Chocobar en Tucumán. Sucedió en 2009 y hoy, a siete años de ese hecho, aún no hubo juicio y los acusados están en libertad. “2556 días de impunidad, encubrimiento y complicidad del Estado”, denuncia la convocatoria a la marcha que se realizará esta mañana en la capital provincial. Amnistía Internacional y la ONG Andhes (Asociación Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos) presentaron una denuncia ante Naciones Unidas para que se exhorte al Estado a realizar el juicio. Actualmente, en Argentina al menos 183 conflictos territoriales afectan a pueblos indígenas.

El empresario Darío Amín y los ex policías Humberto “El Niño” Gómez y José Valdivieso llegaron el 12 de octubre de 2009 a la comunidad indígena Los Chuschagasta, en el departamento de Trancas, para apoderarse del territorio diaguita, en el que hay un reservorio de piedras lajas de los cerros. La comunidad exigió a los hombres que se retiraran, pero los intrusos dispararon a Javier Chocobar, de 68 años, y lo asesinaron. También hirieron a otros tres comuneros diaguitas, entre ellos, a Andrés Mamaní, actual cacique de Chuschagasta. El momento del asesinato quedó registrado en un video, que está disponible en Internet.

“El ataque que culminó con el asesinato de Javier Chocobar y la grave lesión de tres comuneros no es un hecho aislado, sino otra manifestación de un proceso que debe rastrearse en los intentos por despojar a las comunidades de sus tierras ancestrales, frente a una actitud estatal que desconoce sus obligaciones”, detalló el Espacio Justicia Por Chocobar (EJC).

“A pesar de las numerosas pruebas, todavía no hay fecha de juicio”, cuestiona en un comunicado el EJC, que reúne a comunidades indígenas y organizaciones sociales tras la causa cuyos detalles pueden seguirse en www.juicioporchocobar.com.ar.

Los manifestantes se concentrarán a las 9 en Plaza Urquiza, pasarán por Tribunales y finalizarán en Plaza Independencia. “Nosotros sufrimos y ellos continúan libres. Parece que la justicia no existe para este caso”, afirmó Audolio Chocobar, hijo de Javier.

Andrés Mamaní fue herido de bala ese 12 de octubre y padeció un largo peregrinaje por hospitales y médicos. Hoy, convertido en cacique de la comunidad Los Chuschagasta, reclama: “Necesitamos justicia para nuestra comunidad y para todos los pueblos indígenas”.

Amnistía Internacional y Andhes presentaron una denuncia a Naciones Unidas –ante Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y a la Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias– para que exhorte a Argentina a llevar adelante “un juicio imparcial e independiente que determine la responsabilidad y condena de los autores por el asesinato”.

“El Estado debe garantizar los derechos de los pueblos originarios y terminar con la impunidad en el caso Chocobar”, titularon el comunicado conjunto Amnistía y Andhes. Los organismos precisaron que el fiscal determinó que los imputados tuvieron “participación activa y premeditada al concurrir fuertemente armados y con total impunidad efectuando disparos”. También especificaron que en 2012 la jueza consideró suficientes las pruebas contra los acusados.

“La impunidad en estos casos transmite un mensaje de tolerancia del Estado respecto a la vida e integridad de los pueblos originarios”, alertó Mariela Belski, directora de Amnistía Internacional Argentina.

La organización afirmó que la situación de Chuschagasta es sólo un ejemplo “del largo entramado de apropiación de territorios indígenas”. En un relevamiento online de conflictos –que puede consultarse en www.territorioindigena.com.ar–, lleva contabilizados al menos 183 conflictos, a los que este mes se sumarán otros 50 casos. “Las comunidades indígenas exigen el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos (municipales, provinciales, nacional), empresas (agropecuarias, mineras, petroleras, de turismo –entre otras–), y ante jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen las normativas vigentes”, destaca Amnistía en el mapa de conflictos, de actualización periódica y colaborativa, en la que también participan el Servicio de Paz y Justicia, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, la Asociación de Abogados Indígenas, la Defensoría del Pueblo de la Nación y el Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra.

La de Chocobar no fue la última muerte asociada a la defensa del territorio ancestral. La campesina santiagueña Sandra Ely Juárez y el qom Roberto López en 2010, el campesino santiagueño Cristian Ferreyra en 2011, y su coterráneo Miguel Galván en 2012, ambos del Mocase-VC, padecieron también muertes violentas en ese contexto.