La discriminación histórica de las mujeres en la sociedad es la otra cara de la violencia machista: ese es el caldo de cultivo que habilita a algunos hombres a considerar a su pareja, a una adolescente en un boliche, a una chica que camina sola por la calle o viaja por el mundo con mochila como parte de sus propiedades, a disposición para apropiarse de su vida, torturarla, aniquilarla y descartar su cuerpo como basura. Nos están matando. Ellos. Los machos femicidas. Y no queremos mirar resignadas, que no podemos hacer nada para evitarlo. Esa discriminación que sufrimos las mujeres tiene distintas caras y se traduce cotidianamente en todos los ámbitos de nuestras relaciones interpersonales. Como plantea la convocatoria al paro nacional de mujeres de hoy, “detrás del aumento y la saña de la violencia femicida también hay una trama económica: la falta de autonomía de las mujeres nos deja más desprotegidas a la hora de decir no y nos convierte en blancos móviles de las redes de trata o cuerpos “baratos” para el tráfico de drogas y la venta al menudeo”. El desempleo promedio en Argentina es del 9,3 por ciento, para las mujeres es del 10,5 por ciento. El 76 por ciento del trabajo doméstico no remunerado lo hacemos las mujeres. Las tareas de cuidado que asumimos nos exponen a mayor precarización laboral. En los trabajos precarizados la brecha salarial aumenta del 30 al 40 por ciento con respecto a los varones. El 20 por ciento de las mujeres que reciben salario a cambio de su trabajo se desempeñan en tareas domésticas. Después seremos mayoritariamente maestras y enfermeras, todos trabajos fundamentales pero desjerarquizados. Cuando tenemos hijos o hijas y tenemos que cuidarlos nosotras, la tasa de actividad baja del 54 al 39 por ciento. Las licencias por maternidad son cortas y el Estado no nos garantiza vacantes en jardines maternales. Para acceder a lugares de poder, debemos demostrar más credenciales que los varones, y aun así, nos topamos con el llamado “techo de cristal”. La demanda es al Gobierno nacional y a los gobiernos provinciales y municipales, por políticas integrales para garantizar la prevención, sanción y erradicación de la violencia machista y garantizar la autonomía económica. Por todas estas razones paramos. Porque vivas y libres nos queremos.