La Justicia en lo Penal Económico dio impulso a una denuncia presentada por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises) que, tal como lo anticipó Página/12, indica que la empresa Iecsa, vinculada al primo del Presidente, se habría quedado con 8.653.861 pesos de sus empleados entre diciembre de 2015 y marzo de 2016.

Fuentes judiciales informaron que la fiscal Gabriela Ruiz Morales requirió el inicio de la acción penal al juez Ezequiel Berón de Astrada y pidió que cinco directivos de IECSA, entre los que no figura Ángelo Calcaterra, sean convocados a declaración indagatoria.

IECSA es una de las empresas que integra la UTE que se ocupa de las obras de soterramiento del ferrocarril Sarmiento en la ciudad de Buenos Aires.

La causa gira en torno a tres períodos fiscales en los que la empresa IECSA aparece como no presentando, presentando tardíamente o acogiéndose a moratorias en relación con los aportes previsionales que debió hacer sobre sus empleados en relación de dependencia.