El fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, se sumó al coro de funcionarios jujeños que relativizan la posición fijada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas y descartó acatar el pedido de liberación inmediata al calificar la orden como "una opinión que no es vinculante, y que no es ni siquiera una recomendación de la ONU".

El Centro de Estudios Legales y Sociales, Amnistía Internacional y los Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), que impulsaron la denuncia, explicaron el sábado en conferencia de prensa que la resolución del Grupo de Trabajo "no es una opinión, sino un requerimiento".

Sin embargo, Miranda argumentó que el pronunciamiento está basado en "información desactualizada" porque "la denuncia fue formulada en enero" y sostuvo que enviarán no información al organismo de la ONU, a pesar de que la orden ya fue definida. Además, el fiscal defendió la decisión de la Cámara Federal jujeña, que ratificó la prisión preventiva de Milagro Sala en dos causas por su "poder de convocatoria", al considerar que "podría entorpecer la investigación del proceso judicial".

El organismo internacional le recordó al gobierno jujeño, encabezado por Gerardo Morales, los derechos humanos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Declaración Universal de Derechos Humanos y “la obligación que tienen los Estados de impedir que se lleven a cabo detenciones arbitrarias en el contexto de manifestaciones pacíficas y particularmente que no abusen de procedimientos penales en estos contextos”.

Sin embargo, en diálogo con Radio Nacional esta mañana, Miranda insistió: “A lo mejor, obteniendo la libertad, podría llegar nuevamente a movilizar para obstaculizar la investigación de la Justicia, situación que se venía dando desde muchos años atrás, en los que han prescripto 20 causas en las que ella era parte, ya sea en forma directa o indirecta”.