El ex ministro de Planificación Julio De Vido no respondió preguntas en su indagatoria ante el juez Julián Ercolini por la obra pública en Santa Cruz y se limitó a presentar un escrito. Al salir de los tribunales de Comodoro Py denunció que esa causa es parte de "una persecución política" que le atribuyó a Mauricio Macri: "El Gobierno -dijo- quiere proscribir a Cristina porque en las encuestas hay un crecimiento geométrico de su figura. El Gobierno quiere evitar una derrota en las próximas elecciones, por eso inicia esta persecución".

De Vido se negó a declarar ante Ercolini. Siguió así los pasos de Cristina Fernández de Kirchner, quien ayer tampoco respondió las preguntas del magistrado. En el escrito que presentó rechazó los cargos que se le imputan en la causa que investiga su presunta participación en una "asociación ilícita" y supuestas "irregularidades" en el otorgamiento de obras públicas viales para la provincia de Santa Cruz.

"Esta causa es una más en la persecución de una política de gobierno contraria a los intereses de esta nueva dirigencia, que pretende cubrir con la creación y difusión de causas penales las propias deficiencias de su gestión de gobierno", criticó.

La causa, añadió, busca "judicializar un proyecto político por excelencia" así como "criminalizar una forma de ejercer política" y consideró que "se somete a proceso penal a 17 ex funcionarios públicos por considerar de manera irresponsable, más propias de una crítica de prensa amarilla que de un órgano judicial, que son parte de una asociación ilícita por haber participado en actos de gobierno".

Tal como ayer lo resaltó CFK, De Vido reiteró que en materia de obra pública "en qué gastar, cómo y dónde" siempre ha sido "decisión del Poder Ejecutivo sometida al control del Poder Legislativo a través de la Ley de Presupuesto". "Cada obra hecha en Santa Cruz fue incluida en el presupuesto nacional y sometida a discusión parlamentaria, y en su mayoría fueron licitadas, contratadas, ejecutadas e inspeccionadas por la Administración de Vialidad Provincial", aseveró.

Aseguró, además, no "haber beneficiado con ningún acto" a Lázaro Báez e insistió con que "del total de la obra pública a nivel nacional, el Grupo Austral está en el puesto número 38", y solicitó "la realización de prueba de la obra pública en Santa Cruz y que sea extendida a todo el país".

Por la misma causa, la Justicia inhibió los bienes del ex ministro y actual diputado de la Nación, al igual que los de otros 15 funcionarios acusados de ser parte de una supuesta asociación ilícita junto con el empresario Lázaro Báez.

La resolución, sin embargo, evitó citar a los jefes de Gabinete a cargo de las administración de fondos entre 2003 y 2015, entre los que se encuentran el diputado y líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

Durante su declaración de ayer ante Ercolini, Cristina Kichner también rechazó las denuncias y pidió de la creación de una comisión bicameral parlamentaria que audite las obras públicas en todo el país durante su mandato y que se revisen también las que otorga el gobierno de Mauricio Macri.