Después de haber perdido tres millones y medio de votos y más del 25 por ciento de sus diputados, Mariano Rajoy juró ante el rey de España su cargo de presidente del gobierno para esta legislatura. Lo hizo también después de haber dejado por el camino a dos ministros implicados en presuntos casos de corrupción y mientras la Audiencia Nacional juzga el ‘caso Gürtel’, donde se investiga la presunta financiación ilegal del Partido Popular. De los 14 ministros de los dos gobiernos de Aznar (1996-2004), 11 están implicados en diferentes causas judiciales. Dos de ellos (Rodrigo Rato y Jaume Matas) ya conocen lo que es dormir entre rejas.

En el debate de investidura en el que su candidatura salió adelante gracias a la abstención de 68 de los 85 diputados socialistas, Rajoy anunció que seguirá adelante con su política de austeridad y negó cualquier posibilidad de dar marcha atrás en las reformas que impulsó durante el periodo 2011-2015 y por las que impuso un nuevo modelo económico basado en la precariedad laboral, salarios bajos y despidos baratos. Tampoco parece tener la intención de cambiar ninguna de sus normas más polémicas, la llamada ‘ley mordaza’, que limita el derecho de manifestación, ni la ‘ley Wert’ de educación, que permite subvencionar con fondos públicos a las escuelas que segregan por sexo y que otorga a la religión la categoría de asignatura evaluable.

Rajoy juró su cargo, sin embargo, al frente de un partido unido y encolumnado detrás de su líder mientras las dos formaciones a su izquierda ocupan casi todo su tiempo en interminables debates internos. El PSOE, desangrado y en una crisis que parece terminal y que tuvo su expresión más cruda en los comités federales del 1 de octubre, donde se forzó la dimisión del secretario general, Pedro Sánchez, y del 23 de ese mismo mes, cuando se aprobó por 139 votos a favor y 96 en contra abstenerse para facilitar la investidura de Rajoy y acabar con un bloqueo político de 300 días.

En Podemos –que con los 71 diputados obtenidos este año en alianza con Izquierda Unida tras haber irrumpido en las elecciones de 2015 con 69 escaños en su primera presentación electoral constituye un caso inédito en la política europea– la sangre no ha llegado al río como en las filas socialistas aunque las diferencias tampoco se ocultan. Las corrientes lideradas por Pablo Iglesias y por Iñigo Errejón llevan meses debatiendo cuál debe ser la estrategia del partido. Los primeros parecen apostar por una identidad no muy distinta de la clásica de los partidos de izquierda; los segundos apuestan por el camino movimientista que los han traído hasta acá. Iglesias, que durante la última campaña electoral se definió como “un socialista como Salvador Allende” aseguró que a su compañero “lo emociona Evita”. En los actos, Iglesias saluda puño en alto y Errejón, con los dedos en ‘V’. Administrar la diversidad parece ser el gran desafío que se le presenta a Podemos.

Hasta el pasado domingo, gran parte de la opinión pública española explicaba en la situación interna de ambos partidos situados a la izquierda del espectro político español la impotencia para ponerse de acuerdo en la formación de un gobierno alternativo. No era fácil, porque para ello hubieran necesitado del imprescindible apoyo, al menos para la investidura del presidente, de los nacionalistas catalanes y vascos, un empeño que hubiese tenido un alto costo político sobre todo en el PSOE y en sus federaciones más meridionales, la extremeña, la castellano-manchega y sobre todo la andaluza.

Sin embargo el domingo por la noche, en una entrevista televisiva ofrecida al periodista Jordi Évole, Pedro Sánchez desveló los motivos por los que el acuerdo de izquierdas no fue posible. Con una crudeza inédita en la política española y un día después de renunciar como diputado para no romper con la disciplina de voto de su partido, Sánchez se refirió a algo que muchos sospechaban pero que ahora tiene el valor de una revelación explícita por parte de quien ha ocupado hasta hace un mes la secretaría general del PSOE. Reconoció que se equivocó al tachar de ‘populista’ a Podemos y que fueron los líderes territoriales quienes le impidieron negociar un acuerdo con esa fuerza con la que, asegura, los socialistas están condenados a entenderse si algún día quieren volver a ser alternativa de gobierno. Pero sobre todo reveló las presiones empresariales y del sector financiero para evitar que hubiese un gobierno de izquierdas en España. Cuando el entrevistador le pidió más precisiones señaló a Telefónica y en concreto a su anterior consejero delegado, César Alierta, a dos bancos cuya nombre no quiso precisar, y a Prisa, la sociedad editora del periódico El País. Es posible que nunca antes los poderes fácticos que se mueven entre los bastidores de la política española hayan estado más expuestos.

Editor del diario Sur de Marbella.