El juez federal Sebastián Ramos quedó a cargo de la causa por la presunta modificación de las condiciones de adjudicación de la obra de soterramiento del Sarmiento hechas por el gobierno de Mauricio Macri para favorecer al consorcio empresario que integra Iecsa, propiedad del primero del presidente Angelo Calcaterra. La denuncia la presentó la expresidenta Cristina Kirchner el lunes pasado y fue impulsada por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.

Ramos deberá investigar el decreto 797 del Poder Ejecutivo, del 16 de junio pasado, por el cual el gobierno nacional asignó 45 mil millones de pesos para que se complete el soterramiento del ferrocarril a cargo de el concesionario Nuevo Sarmiento está integrado por las constructoras Ghella (talia), Odebrecht (Brasil), Comsa (España) e Iecsa.

La expresidenta denunció que Macri asignó al consorcio un precio superior al que tasaron quienes controlan los trabajos y comprometió al Estado en el financiamiento cuando la licitación exigía a los oferentes conseguir la financiación.

Como publicó Página/12, un informe de gestión presentado en diciembre por los responsables de la Unidad Ejecutora del Soterramiento, encargada de controlar el proyecto, detalla que el monto actualizado a pagar por la obra faltante oscilaba entre 2055 y 2264 millones de dólares. Pero el gobierno otorgó entre 750 y 945 millones de dólares más sin dar explicaciones sobre los motivos de tamaña concesión.

Tras la denuncia de la exmandataria, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, aseguró que "las condiciones de licitación son exactamente iguales" a las que regían desde el 2006, cuando gobernaba el fallecido Néstor Kirchner, y sostuvo que fue la italiana Ghella la que "trajo una oferta de crédito de 1.000 millones de dólares a una tasa de 3,78 por ciento anual".