En el marco de este proceso, la fiscalía pidió la pena máxima, es decir que se envíe 25 años tras las rejas al ex comisario Alfredo Fanchiotti y al ex cabo Alejandro Acosta.

Tras ocho meses de juicio y más de 80 audiencias por las que desfilaron unos 300 testigos, los magistrados Elisa López Moyano, Roberto Lugones y Jorge Roldán pronunciarán el fallo contra los ocho ex agentes de la Bonaerense procesados por la represión policial del 26 de junio del 2002 en inmediaciones del Puente Pueyrredón.

En la audiencia, prevista para las 17, faltará Fanchiotti, acusado de doble homicidio y siete tentativas de asesinato por su accionar en el operativo de seguridad que dejó un saldo de dos muertos y 33 heridos con balas de plomo.

El ex titular del comando de patrullas de Avellaneda pidió permiso a la justicia para no presentarse en los tribunales, ante "la posibilidad de que existan disturbios, debido a las marchas de repudio anunciadas por organizaciones sociales".

Ocurre que desde ayer, un grupo de piqueteros del Frente Popular Darío Santillán inició una vigilia frente al edificio de Larroque y Camino Negro en reclamo de "justicia", mientras que hoy, desde las 14.30, se llevarán a cabo una serie de marchas hacia ese lugar, a la espera del fallo.

Fanchiotti también se cubrió así de enfrentar a los familiares de las víctimas que presenciarán la sentencia desde la "sala grande de juicio", entre quienes se encontrarán Alberto Santillán, padre de Darío, y las hermanas Julieta, Vanina y Mara Kosteki.

Los principales imputados en esta causa son el ex comisario y su entonces chofer Acosta, quienes comparten los mismos cargos y podrían recibir una pena de 25 años de prisión, la cual podría acrecentarse a 37 en caso de que el tribunal considere la figura de "homicidio reiterado".

Los ex policías Carlos Quevedo y Mario de La Fuente podrían ser sentenciados a un máximo de cuatro años de prisión y los ex agentes Lorenzo Colman y Gastón Sierra a tres años de cárcel, todos bajo el cargo de "encubrimiento agravado".

La variación en el período de reclusión solicitado para unos y otros responde a que tanto Quevedo como De la Fuente tenían cargos superiores al momento de la denominada Masacre de Avellaneda, por lo que se planteó que su responsabilidad en el encubrimiento "fue mayor".

Celestino Robledo podría ser sentenciado a 10 meses de prisión y 20 de inhabilitación para ejercer cargos públicos, acusado de usurpación de títulos y honores.

Robledo se convirtió en el único civil imputado en esta causa, ya que el día de la represión detuvo manifestantes a la par de los efectivos policiales, a pesar de haber abandonado la insitución años antes para dedicarse a la actuación.

Si el tribunal presta oídos al pedido de la fiscalía, el entonces titular de la Departamental de Lomas de Zamora, Félix Vega, también podría ser condenado a cuatro años de prisión por encubrimiento agravado.

Aunque sobre este imputado, pesa un pedido realizado por la querella para "dejar en suspenso la condena" y someterlo a nuevo juicio bajo la denominación de "homicidio a título de imprudencia".

La solicitud fue fundamentada en que Vega "incumplió con su obligación de ejercer el control de la legalidad sobre los actos de sus subalternos, en su carácter de jefe máximo del operativo" de seguridad que derivó en el adelantamiento de las elecciones presidenciales durante el gobierno de Eduardo Duhalde.

Además, el tribunal deberá definir hoy si ordena investigar las responsabilidades en esta causa del ex secretario de Seguridad bonaerense y actual ministro de la Suprema Corte de Justicia provincial, Luis Genoud, y del entonces jefe de la Policía Bonaerense, Edgardo Beltracci.

Los jueces también deberán resolver una solicitud realizada por fiscales y querellantes de "investigar las vejaciones cometidas en la comisaría primera de Avellaneda contra los manifestantes detenidos del día 26".

Así como "la posible comisión de los delitos de falso testimonio y falsedad ideológica" por parte del ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Carlos Soria y de su entonces segundo Oscar Rodríguez, "por presunta violación a la ley de inteligencia 25.520".

Informe: José Luis Meirás