Los operativos, previstos para las 10,30, se demoraron por una reunión de gabinete convocada por el jefe de Gobierno Jorge Telerman arrancaron cerca del mediodía.

Mientras los inspectores salían Telerman recibía al cónsul de Bolivia en esta ciudad, Albaro González Quint, y fuera de la sede gubernamental residentes de esa nación, varios de ellos dueños de talleres, encabezaban una protesta en Avenida de Mayo al 500 para rechazar las medidas.

Uno de los operativos se llevó a cabo en un departamento ubicado en la calle Concordia 520, Flores, donde funcionarios locales, nacionales y efectivos policiales encontraron elementos de unos diez trabajadores, seis camas cuchetas y efectos personales de los empleados.

Fuentes del gobierno de la ciudad señalaron que los operativos estaban previstos para el mediodía y que abarcaban los barrios de Barracas, Caballito y Parque Avellaneda.

Antes de participar de la reunión con Telerman y Gonzáles Quint, el ministro porteño de Producción, Enrique Rodríguez, dijo que de los operativos participarían "el Ministerio de Trabajo de la Nación, Migraciones, la AFIP, la Policía Federal e incluso (secretarías de) Derechos Humanos de la Nación y de la Ciudad".

Ello se pudo comprobar en el operativo realizado en la calle Concordia.

Según el funcionario, la Ciudad dispondrá que los talleristas "regularicen su situación" bajo pena de ser "clausurados", y reveló que durante el fin de semana "se acercaron empresarios de Cámaras" del sector a su despacho para "legalizar su situación y poner sus instalaciones en línea".

"Vamos a reunirnos en 15 días con empresarios y vamos a hacer un censo, y el que quiera regularizarse, tendrá que censarse. El que no, va a quedar absolutamente fuera de este programa y va a ser combatido y clausurado", advirtió.

Voceros de la comunidad boliviana dijeron que los talleristasobtuvieron en la reunión entre Telerman y Gonzáles Quint un plazo de "seis meses" para regularizar su situación, a la vez que explicitaron su rechazo a los allanamientos, que prefirieron describir como "inspecciones".

"Va a haber un plazo de seis meses para todos los talleres, y los que no tengan condiciones básicas de seguridad, serán clausurados", señalaron los voceros de la comunidad boliviana, que quedó dividida entre quienes poseen talleres textiles y quienes trabajan en ellos en condiciones de precariedad, pero que no admiten ese hecho de viva voz a fin de mantener sus puestos.

En medio del comienzo de los operativos para detectar trabajo esclavo y el rechazo de talleristas bolivianos, la Secretaría de Derechos Humanos presentó hoy una denuncia judicial para que se investigue la existencia de una "asociación ilícita" que traería ciudadanos bolivianos a la Argentina "para reducirlos a servidumbre" en locales porteños como el que se incendió el jueves último.

El titular de esa Secretaría, Eduardo Luis Duhalde, brindará a las 15 una conferencia en el Auditorio Emilio Fermín Mignone, 25 de Mayo 544, planta baja, para dar detalles de la presentación judicial y precisar ante qué juzgado se realizó.

Fuente: DYN