El trámite de la Argentina estuvo a cargo de la jefa de la misión argentina, la consejera legal Susana Ruiz Cherutti, en tanto que horas después le tocó el turno a Uruguay para defender ante ese tribunal la construcción de las pasteras que, a su juicio, no impactarán negativamente sobre el medio ambiente.

En la audiencia realizada por la mañana, Cheruti y los especialisats de la Cancillería argentina y de la provincia de Entre Ríos advirtieron ante los 15 miembros de la Corte de La Haya sobre los

"daños irreversibles" que el emprendimiento podría ocasionar en la salud de la población, en el turismo y en la economía de la región.

Durante tres horas, la misión argentina intentó dejar constancia que Uruguay violó el Estatuto del Río Uruguay, firmado por ambos países en 1975, al autorizar de manera unilateral la construcción de las papeleras por parte de las empresas Botnia (finlandesa) y Ence (española).

También la delegación adujo que Uruguay no entregó en tiempo y forma los informes sobre las obras llevadas a cabo en Fray Bentos.

A su turno, Uruguay argumentó ante el tribunal internacional europeo que "no hay evidencia objetiva de daño irreparable" de las plantas de celulosa en el medio ambiente.

"El impacto fue enteramente contemplado. No hay evidencia de que habrá impacto sobre las aguas del río y del ecosistema, tampoco sobre la salud", sostuvo Alan Boyle, profesor de derecho internacional y miembro del equipo uruguayo.

El académico, explicó que su país "tomó todas las medidas necesarias antes de autorizar las plantas para evitar el daño en el medio ambiente".

A esa misma hora, en Buenos Aires, se conocían declaraciones del ministro del Interior del vecino país, José Díaz, en las que no descartó una reunión entre los presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez el mes próximo, al confirmar la presencia del mandatario uruguayo en la cumbre del Mercosur, prevista en Córdoba.

"No hay que descartarlo, yo personalmente desearía que así ocurriera", sostuvo Díaz, al ser consultado por DyN por un posible contacto entre ambos jefes de Estado para retomar las negociaciones de carácter político y así superar este conflicto.

En la primera audiencia, según indicó la fiscal de Estado de Entre Ríos Claudia Mizawac, la argumentación argentina giró sobre "la violación por parte del Uruguay del procedimiento que establece el estatuto, lo que privó a nuestro país de participar en esa decisión, que fue absolutamente unilateral, y que perjudicará la zona de influencia".

"Mañana a las 10, hora local, le toca la réplica a la Argentina, y a la tarde la réplica del Uruguay. Después el tribunal tiene que resolver, pero no existen plazos establecidos para que el tribunal se pronuncie", puntualizó la especialista.

Empero, Mizawac consideró que "una medida cautelar es urgente", y dijo que "probablemente antes del 28 de julio tendremos la sentencia del tribunal" en ese sentido.

"Si no se nos otorga la suspensión, el derecho de la Argentina se tornaría ilusorio cuando recaiga la sentencia definitiva, porque si el proceso de construcción sigue, hay una fecha de comienzo de producción en 2007", aseveró.

Según Mizawac, "si no se suspenden estos emprendimientos, cuando llegue la sentencia, que puede durar tres o cuatro años, el derecho nuestro se tornaría ilusorio".

En tanto, el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, admitió que el de La Haya es un tribunal "difícil", que podría tomar una postura "intermedia", sin volcarse en favor de una parte u otra.

Fuente: DYN