De esta manera, la III Sala del tribunal de alzada confirmó por unanimidad el fallo de primera instancia que emitió en el 2004 el juez Joaquín Billard. La medida afecta a los antiguos agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el brigadier retirado Miguel Krasnoff Marchenko, el ex coronel Marcelo Moren Brito, el ex suboficial Basclay Zapata Reyes y el agente civil Osvaldo Romo Mena.

A los cuatro se les imputa el delito de secuestro calificado de Ricardo Troncoso Muñoz, los hermanos Hernán y María González Inostroza y Elsa Lauthner Muñoz, detenidos en un departamento en el centro de Santiago, el 15 de agosto de 1974.

Los jueces, en su fallo, establecen que la desaparición forzada de personas constituye "una de las más atroces violaciones a los derechos humanos" y agregan que, por lo tanto, estos delitos de lesa humanidad son "imprescriptibles e inamnistiables".

El fallo, al igual que otros referidos a miembros de la DINA, restablece la doctrina que la Corte Suprema ha sostenido en los últimos años en los juicios por desapariciones que son tipificados como de lesa humanidad, por lo que no pueden ser objeto de prescripción ni beneficiados con la amnistía.

Los cuatro opositores, que fueron detenidos por funcionarios de la DINA y de Carabineros, eran militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Según el Informe Rettig, que documentó las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1990), los detenidos fueron trasladados al recinto clandestino de detención y tortura de la DINA, "Londres 38", donde fueron vistos por otros presos.

Desde ese centro de detención, los cuatro fueron trasladados a la prisión de "Cuatro Alamos", donde se perdió definitivamente el paradero de los jóvenes.

Fuente: EFE