Fuentes judiciales confiaron que en su fallo la magistrada consideró que Gallardo no tenía jurisdicción para realizar ese operativo en el barco "Estrella de la Fortuna", en sintonía con quienes opinan que el casino flotante está sobre un espacio federal -las aguas del Río de la Plata- y no en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Por el contrario, en distintos fallos, Gallardo viene reivindicando la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires en materia de juego y en concreto sobre el casino flotante, al opinar que está amarrado a tierra porteña, e incluso llegó a ordenar la clausura del mismo.

El pasado 10 de agosto, Gallardo, juez del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, defendió la diligencia realizada el 23 de agosto de 2004 en el casino de la Costanera Sur y explicó que "no fue un allanamiento sino una inspección ocular", enmarcada en una causa por la que ha mantenido una fuerte contienda de competencia con la Justicia Federal.

De hecho, el magistrado porteño está imputado en una causa que tramita por cuerda separada el juez federal Norberto Oyarbide a raíz de otros procedimientos realizados por Gallardo.

Como juez porteño, Gallardo tiene inmunidad de arresto pero puede ser sometido a proceso penal e incluso juzgado por un Tribunal Oral, preservando el cargo. No obstante, podría ser removido por el Consejo de la Magistratura.

El Consejo ya evaluó el accionar de Gallardo en el marco de una denuncia en su contra fundada en la suspensión de obras en un complejo habitacional que dispuso a raíz del daño ambiental que ocasionaría el proyecto.

Este año Gallardo endureció su posición frente a la Justicia Federal, que asegura que carece de competencia para intervenir en procesos relacionados con los casinos flotantes.

De hecho, clausuró en distintas oportunidades los casinos "Estrella de la Fortuna" y "Princess", y de inmediato la Justicia Federal encomendó a la Prefectura Naval quitar las fajas colocadas en los barcos.

Lotería Nacional se adjudicó la exclusividad de la explotación de juegos con el compromiso de repartir ganancias entre el Estado federal y el gobierno porteño, que controla el Instituto de Juegos de Apuestas.

Gallardo, con base en un planteo particular, anuló el acuerdo entre la Nación y la administración porteña y en ese pleito dispuso el procedimiento sobre el que lo ha procesado Servini de Cubría.

Fuente: DYN