Así lo resolvió el magistrado en el marco de una presentación que habían

solicitado organizaciones humanitarias, con el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos que encabeza Eduardo Luis Duhalde, y con el dictamen favorable del fiscal Federico Delgado.

Ahora, los ex funcionarios de la dictadura podrán ser investigados en el marco del secuestro extorsivo que sufrieron dos empresarios de la productora de algodón Sadeco, a los que se los habría presionado para que cumplieran con un contrato de exportación que favorecía al entonces gobierno de facto.

Las víctimas fueron el empresario Federico Gutheim y su hijo, Miguel Ernesto, apresados entre 1976 y 1977. Padre e hijo fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional para ser obligados a que la firma cumplimentara el contrato que le permitiría a Martínez de Hoz obtener un crédito desde Hong Kong, según la denuncia.

La presentación de los abogados de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos y de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) afirmó que ambos secuestros formaron parte del plan represivo de la dictadura, que cometió delitos de lesa humanidad y, en consecuencia, imprescriptibles. En ese sentido, sostuvieron entonces que no podían admitirse los indultos con los que los acusados se vieron favorecidos por el ex presidente Carlos Menem.

Martínez de Hoz, quien por este caso estuvo detenido alrededor de dos meses y medio, fue indultado en 1990, mientras Harguindeguy, acusado de ser coautor del hecho, había recibido ese beneficio un año antes.

Fuente: DYN