Los seis extraditables están detenidos y son militantes del partido político paraguayo "Patria Libre", opositor al gobierno del presidente Nicanor Duarte Frutos, al tiempo que aseguraron ser perseguidos políticos y negaron cualquier vinculación con el crimen.

Por eso, primero habían pedido asilo político en la embajada argentina en Asunción, donde les indicaron que viajaran a Argentina, y luego hicieron otro tanto al gobierno nacional, que rechazó esas solicitudes.

El juez Lijo leyó esta mañana su veredicto al final del juicio oral y público de extradición, que transcurrió durante dos días en los tribunales federales de Retiro, y al concluir la lectura fue silbado y abucheado por el público presente en la sala.

Los familiares y compañeros de los extraditables interrumpieron con gritos de protesta (entre ellos libertad...libertad!"), a la vez que empujaban a los policías que mantenían una valla humana de protección al magistrado y al fiscal Carlos Cearras.

El juez consideró que de las pruebas aportadas por la defensa durante el debate "no surgen pruebas fehacientes de que sean perseguidos políticos" y en ese sentido valoró la negativa a asilarlos del Comité de Elegibilidad para Refugiados (CEPARE), dependiente del ministerio del Interior.

En cuanto a las pruebas ventiladas en el juicio sobre informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertando la existencia de torturas y malas condiciones de vida en las cárceles de Paraguay, el magistrado consideró que eran de carácter "general".

E hizo hincapié en que los delitos de "asociación criminal, secuestro, y homicidio" que las autoridades judiciales de Paraguay imputan a los extraditables "no son delitos políticos sino delitos comunes".

Así, Lijo resolvió "dar curso al pedido de extradición" que le había formulado su par paraguayo Pedro Mayor Martínez, no obstante lo cual anticipó que va notificar al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la existencia de "posibles irregularidades en la causa" en que los paraguayos están imputados.

Los seis hombres requeridos por Paraguay son Agustín Acosta González, Arístides Vera Silguero, Roque Rodríguez Torales, Simeón Bordón Salinas, Basiliano Cardozo Giménez, Gustavo Lescano Espínola, que en su mayoría provienen de zonas rurales y se expresan en lengua guaraní.

En Asunción habían sido sobreseídos por el juez Mayor Martínez, pero luego la Sala III de la Cámara del Crimen los imputó nuevamente y dicto sus prisiones preventivas, pese a que no habían prestado declaraciones indagatorias, según sus defensas.

Según un informe elaborado por el equipo de solidaridad de Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA), organismo de DDHH que lleva adelante la defensa de los seis presos paraguayos, la causa original contra miembros del Partido Patria Libre se inició cuando, en septiembre de 2004, es secuestrada, presuntamente por grupos cercanos al gobierno, la hija del ex presidente Cubas (asilado un tiempo en Brasil por estar imputado en el asesinato del vicepresidente Argañaz).

"Luego, con el devenir político, ´inventan` a un testigo bien pagado que ´era` miembro de esa agrupación, para que diga que había dos PPL: uno legal y otro colateral, que era el que tenía relaciones con las FARC y en sus manos el secuestro de Cecilia Cubas".

La persecución al PPL estaría enmarcada en una política de criminalización de las organizaciones campesinas de base, cuyas protestas han sido fuertes en Paraguay en los últimos años, persiguiéndolas con causas relacionadas a delitos comunes, como el secuestro de la joven Cubas, o esgrimiendo la lucha contra el narcotráfico.

A partir de este fallo en que el juez Lijo hizo lugar al pedido de extradición, los abogados defensores Eduardo Soares y Liliana Mazzea anunciaron que presentarán un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia, la cual tendrá la última palabra en el tema.