El juez federal Sergio Torres indagó a Febres en una audiencia con la que concluyó la ronda de interrogatorios dispuesta por el magistrado antes de la clausura de una parte de la pesquisa, para la elevación del expediente a juicio, dijeron fuentes judiciales.

Sobrevivientes de la dictadura del período 1976-83 declararon que Febres integró el aparato represivo de la ESMA, participó del robo sistemático de los niños que dieron a luz al menos quince prisioneras en la clandestinidad, y aplicó torturas a las religiosas francesas Domon y Duquet.

Ante el juez Torres, testigos manifestaron que Febres intervino en el operativo en el que las monjas, que brindaban asistencia espiritual a familiares de desaparecidos, habrían sido arrojadas al mar desde aviones militares, poco después de haber sido secuestradas.

El cadáver de Duquet, detenida el 10 de diciembre de 1977, fue devuelto por las aguas a una playa y, tras permanecer enterrado como NN por casi tres décadas, fue encontrado e identificado por el Equipo de Antropología Forense en agosto de 2005.

Domon, en tanto, fue secuestrada en un procedimiento desplegado en la Parroquia de la Santa Cruz, en esta capital, donde un grupo de tareas apresó también a María Eugenia Ponce de Bianco, Esther Balestrino de Careaga y Angela Aguad, en un operativo que precedió al arresto de la fundadora las Madres, Azucena Villaflor.

Imputado por crímenes de lesa humanidad, Febres fue exculpado por la ley de Obediencia Debida pero en 1998 quedó preso por la apropiación de hijos de desaparecidos, ya que los delitos contra menores fueron excluidos de las normas del perdón.

Derogadas las leyes de impunidad, Febres se convirtió en uno de los cientos de represores contra quienes se reanudaron procesos penales por violaciones a los derechos humanos.

Hoy, ante Torres y el fiscal Eduardo Taiano, Febres negó todos los cargos que le adjudica la Justicia y, tras la diligencia, fue llevado al "Destacamento Delta" de la Prefectura Naval, donde cumple prisión preventiva.

La identificación de víctimas por parte del equipo de antropólogos que colabora con la Justicia obligó a Torres a ampliar las indagatorias a un grupo de represores, entre ellos Astiz y Febres, que podrían ser condenados aquí por la desaparición de las monjas y los familiares que se reunían en la iglesia de la Santra Cruz para aunar esfuerzos en la búsqueda de prisioneros.

Astiz ya fue condenado en París, en ausencia, por la desaparición de las monjas, pero no purgó la pena y desde 1990 Francia reclama su extradición.

Fuente: DyN