El domingo 28 de enero un grupo de vecinos decidió instalarse en un baldío de Claypole, ubicado entre las calles Estanislao del Campo, Figueroa, Monteverde y Villaguay, con el correr de los días otras familias de los barrios Cerrito, San Lucas, Parque Mariano Moreno y Don Orione se fueron sumando con carpas y comenzaron a limpiar el basural con el objetivo de “transformarlo en un lugar habitable”.

El predio está abandonado desde hace casi 30 años, lo que lo transformó en un baldío ganado por las malezas y la basura, a la vez que era usado como cementerio de autos.

“Funcionaba como un aguantadero, además era un gran problema porque al ser un basural, aparecían fetos y bebes abandonados, había violaciones, robos, abandono y quema de autos", señalaron los ocupantes.

Los vecinos se organizaron en asamblea, se dividió el terreno en manzanas y eligieron delegados por cada una de ellas, se votó pedir la intervención y apoyo de las autoridades municipales de Almirante Brown “ante el acuciante problema de la vivienda”.

Una delegación fue recibida el 30 de enero por el secretario privado del intendente y el encargado de legales del municipio. La respuesta de los funcionarios municipales consistió en señalar el delito de usurpación de tierra, sin dar respuesta al reclamo de vivienda.

El viernes 2 de febrero, el titular del Juzgado de Garantías Nº 2 de Lomas de Zamora, Javier Maffucci Moore, por instrucción de la UFI Nº19, ordenó “proceder al desalojo del predio y al inmediato lanzamiento de todos sus ocupantes, así como su posterior restitución a su legítimo poseedor”.

El propietario del predio es el Sindicato de Empleados Municipales de Lomas de Zamora, que no ha utilizado los terrenos, ni realizado limpieza o mantenimientos en ellos, durante los últimos 30 años. Precisamente el secretario de servicios sociales de este sindicado, Raúl Espíndola, sería el denunciante de la ocupación.

El desalojo parecía inminente el viernes por la tarde. Unos 300 efectivos de Infantería y de las comisarías distritales se apostaban en la orilla de la Avenida Monteverde dispuestos a efectuar la orden impartida desde el Juzgado Nº2. Diez camiones policiales y 15 patrulleros prolongaban el cerco.

La defensora oficial Marcela Piñeiro se hizo presente en el lugar, tras dialogar con los vecinos dispuestos a resistir, informó que el desalojo se postergaba para la mañana del lunes. Así, las cerca de 200 familias que ocupan desde hace siete días consiguieron 48 horas más para elaborar medidas tendientes a conseguir solución a su problema habitacional.

Las familias que están participando de la toma de tierras han sufrido durante años el hacinamiento y encontraron a través de esta forma de lucha una oportunidad para intentar resolver dos problemas graves: la sobrepoblación familiar y los focos de contaminación. Reclamando de esta forma por una política habitacional, sanitaria y social que responda a las necesidades de la población "sin techo".

Ayer, desde el atardecer, los ocupantes realizaron una “jornada cultural de lucha” para pedir la solidaridad y colaboración de los vecinos, que incluyó actuaciones artísticas, guitarreadas y talleres para niños. También comenzaron a recolectar firmas en apoyo al reacondicionamiento del lugar y en rechazo al desalojo.

Esta noche iniciarán una vigilia, ya que temen que en horas de la madrugada se despliegue un operativo policial que intente desalojarlos del lugar, al vencer el plazo dado por las autoridades judiciales.

Fuentes: Agencia de Noticias Red-Acción, Prensa de Frente.