El presunto "blindaje trucho" es investigado por los fiscales de Delitos Complejos Carlos Argüero y Esteban Lombardo, a partir de una denuncia penal radicada por el Ministerio de Seguridad provincial.

La sospecha surgió al constatarse, durante algunos delitos, que los móviles carecían del blindado que debían tener.

Fuentes judiciales informaron que "no se descarta que el blindaje trucho alcance a otros 1.500 vehículos y en ese caso, el fraude alcanzaría los 2.250.000 dólares".

Los fiscales, con autorización del juez de Garantías que interviene en el caso, César Melazo, secuestraron al azar dos patrulleros de los 500 que se mencionaban en la denuncia y tras un peritaje se constató que algunos proyectiles traspasaron los supuestos blindajes.

Voceros del ministerio de Seguridad señalaron que la partida de 500 móviles fueron adquiridos durante la gestión de Raúl Rivara al frente de esa cartera en 2004 y, según el contrato firmado con la empresa Igarreta SA, debían blindarse los parabrisas y las puertas laterales.