La Sala de Sentencia del Legislativo riojano, dominada por opositores a Maza, decidió la destitución cerca de las 20.45, cuando 10 de los 12 diputados votaron contra el gobernador en la primera acusación y en forma unánime en el segundo cargo.

Maza, kirchnerista y ex menemista, permanecía suspendido por la Legislatura desde el 13 de marzo último, cuando se atrincheró en la Casa de Gobierno de esta ciudad, donde decenas de militantes encapuchados provocaron graves incidentes y fueron dispersados por la policía con gases lacrimógenos.

La suspensión de Maza abrió camino al proceso final del juicio político en su contra, que hoy derivó en su separación definitiva, por lo que el cargo será ocupado por el vicegobernador, Luis Beder Herrera, enfrentado con su anterior jefe.

La Sala escuchó desde esta mañana a testigos presentados por la defensa de Maza, en el juicio político por irregularidades en la cesión de tierras fiscales, con el fin de decidir la suerte del mandatario.

Fuentes parlamentarias dijeron que la situación de Maza se había complicado durante las últimas horas, porque testigos aseguraron que hubo "presiones" del gobierno sobre funcionarios, al parecer para que autorizaran la compra de tierras que ya eran fiscales.

La defensa de Maza, ejercida por el ex senador radical Raúl Galván y el ex juez Pedro Carreño, había dirigido su estrategia a demostrar la aparente falta de imparcialidad en el proceso de juicio político.

En ese marco, había presentado hoy testimonios sobre cómo ocurrió la suspensión de Maza, casi un mes atrás.

Galván aseguró que la Legislatura "ha prejuzgado" al gobernador y había anticipado que en su estrategia planeaba "probar que los diputados de esta Sala de Sentencia han adelantado su opinión".

Desde las 10, la sala de sentencia analizó pruebas y escuchó testimonios de la defensa y la acusación sobre la expropiación de 45 hectáreas de tierras fiscales, ubicadas en la zona sur de la ciudad, por las cuales el gobierno pagó a un particular 220.000 pesos, sin dar intervención a la Legislatura.

El hecho fue denunciado por el ex administrador de Tierras Fiscales de la provincia, Luis Carreño, sobre la base del decreto 1011 de agosto de 2004.

Los testigos Horacio Romero y Ernesto Croicet, ex asesores de Bienes Fiscales y del Tribunal de Cuentas respectivamente, aseguraron que Maza, su fiscal de Estado Alfredo Pedrali y otros funcionarios habían "presionado" al denunciante para que firme el acuerdo para expropiación de las tierras.

Croicet afirmó que el gobierno ordenó el pago de la expropiación "incluso antes de haberse finalizado el trámite".

La defensa intentó demostrar que tanto Carreño como el vicepresidente del Tribunal de Cuentas, Luiz Brizuela, tenían intereses contrapuestos en la causa porque aceptaron luego representar a un particular en una información sucesoria sobre las mismas tierras.

A medida que se avanzaba en la sustanciación de esta causa, con resultados adversos para Maza, la defensa había solicitado que se escuchen testimonios de personas vinculadas a la suspensión del gobernador.

La defensa de Maza sostuvo que la mayoría de los diputados "ha prejuzgado al gobernador y avasallado la legítima defensa en juicio que le corresponde", según dijo hoy Galván.

El abogado aseguró que estaba dispuesto a "probar que los diputados de esta sala de sentencia han adelantado su opinión, porque incluso participaron de un allanamiento con policías armados en la residencia oficial del suspendido gobernador el día posterior a su destitución", en referencia a su suspensión.

Galván denunció que Maza fue "desalojado" de la residencia que habitaba sin orden judicial de allanamiento y con participación de los diputados de la misma sala.

Mario Guzmán Soria, uno de los integrantes de la sala de sentencia, explicó que se aceptó escuchar a los testigos pese a que "no corresponde" porque sus declaraciones refieren a un hecho ajeno al tema que se analizaba.

Fuente: DyN