Mediante un dictamen de más de 80 carillas (al que Télam tuvo acceso), el representante del ministerio público le pidió al juez federal Daniel Rafecas que investigue por esos ataques sexuales a los ex policías Julio "el turco Julián" Simón, Samuel "Cobani" Miara y Juan Carlos "Kung Fu" Falcon, entre otros.

La solicitud se realizó en el marco de la "megacausa" en la que se investigan los delitos de "lesa humanidad" cometidos en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército y que se reactivó tras la derogación y declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final.

En la misma presentación Delgado pidió que se eleven a juicio oral los episodios que tuvieron como imputados a Miara, Simón, Falcon, a los comisarios Raúl González, Eduardo Kalinec, Gustavo Eklund y Luis Donocik.

La solicitud alcanza taambién al oficial del Servicio Penitenciario Federal Juan Carlos Avena, al subcomisario Eufemio Uballes, a los oficiales Oscar Rolón y Roberto Sosa y a los oficiales de Gendarmería Guillermo Cardozo y Eugenio Apestegui.

El fiscal señaló que "el complejo devenir histórico de este proceso finalmente se encamina hacia la etapa de juicio oral y púbico".

Describió que la causa se basa en "la gravedad de los hechos, la carga de violencia que entrañan y la particularidad de que la actividad delictiva se llevó a cabo desde las estructuras de las instituciones".

Luego de calificar en varias oportunidades como "feroz e ilegal" la represión de quienes integraban el autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional", el fiscal puso su mira en los episodios registrados en los centros clandestinos conocidos como "Club Atlético", "Banco" y "Olimpo", donde los imputados ejecutaron su"plan criminal".

"No se trata de una causa más, porque aquí se ventilan eventos que se corresponden con uno de los capítulos más oscuros de la historia de la República Argentina, porque se trató de una feroz y desnuda represión ejecutada por quienes usurparon el poder el 24 de marzo de 1976", recordó.

El "Atlético" o "Club Atlético" funcionó desde mediados del año 1976 hasta fines de diciembre de 1977 en los sótanos de la División Suministros de la Policía Federal, en el predio ubicado entre las calles Paseo Colón, San Juan, Cochabamba y Azopardo, de esta Ciudad.

El "Banco", por su parte, estuvo activo entre 1977 y mediados de 1978, en un predio ubicado a 200 metros de la intersección de la Autopista Ricchieri y Camino de Cintura, Puente 12, La Matanza, provincia de Buenos Aires, rodeado de construcciones antiguas pertenecientes a la Policía de la Provincia y donde luego se instaló la XI Brigada Femenina de esa fuerza de seguridad.

Una vez acondicionada la planta ubicada en Lacarra y Ramón L. Falcón, de esta ciudad -División Manteniento Automotores de la Federal- el 16 de agosto de 1978 se inició la actividad del "Olimpo" que culminó a principios de 1979.

Delgado recordó que "en lo que respecta a la estructura jerárquica y a las fuerzas que operaron en él, el "Atlético - Banco-Olimpo" se asemejó a otros centros clandestinos de detención incorporados por la dictadura militar para atravesar desnuda y verticalmente a la sociedad civil".

En esos lugares "la práctica de la aplicación de tormentos tuvo un papel protagónico en el acicalamiento del terror" y los represores "hacían algo más que satisfacer sus inclinaciones sádicas, puesto que al implantar el terror en la mente de sus víctimas neutralizaban cualquier posible entendimiento entre ellas".

"En la cultura de la crueldad, el fuerte ignora la dignidad del débil; le impone no sólo sinrazón, sino también haciéndole advertir que no hay razón, que se trata de un hecho caprichoso, porque esta es la forma más eficaz de suprimir al otro", citó el fiscal en su dictamen.

Las conductas descriptas y probadas que Delgado le atribuyó a Miara, Rosa, Gonzalez, Kalinec, Falcon, Eklund, Uballes, Donocik, Simón y a Rolón son calificadas como privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, reiterada en 158 oportunidades, que concurren con el delito de aplicación de tormentos.

El fiscal recordó que sobrevivientes de esos centros "relataron que durante el encierro clandestino fueron sometidos a diversos tipos de ataques sexuales, violaciones reiteradas, abusos sexuales y presenciaron o supieron de ofensas de esta especie en desmedro de otros detenidos", hechos que también calificó como delitos de "lesa humanidad".

Como en los casos de "delitos sexuales" la acción debe ser impulsada por las víctimas, el fiscal pidió que "tras la eventual instancia de la acción se les reciba declaración indagatoria a los imputados" y citó los casos en los que Simón, Miara y Falcón habría violado a prisioneras en los campos clandestinos.