El proyecto, elaborado por una Comisión de expertos tanto civiles como militares convocada el año pasado por el Ministerio de Defensa, propicia la derogación del Código de Justicia Militar de 1951 y la eliminación del fuero castrense para el juzgamiento de delitos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas.

Con la reforma, los militares serán juzgados como cualquier otro ciudadano por los tribunales ordinarios, con las mismas garantías, y en la jurisdicción militar quedarán exclusivamente las cuestiones de orden disciplinario.

El proyecto que tratarán los legisladores contempla además un procedimiento penal-militar para tiempo de guerra.

La Comisión creada por la ministra de Defensa, Nilda Garré, para diseñar un nuevo sistema de justicia militar comenzó su labor en marzo del año pasado y la concluyó dentro de 2006 con la elaboración de un anteproyecto de ley.

Integraron esa Comisión organismos públicos, institutos académicos y organizaciones no gubernamentales, cada uno de los cuales designó un representante para lograr el mayor nivel técnico y jurídico y la mayor pluralidad doctrinaria en la tarea de sustituir por un nuevo sistema el Código de Justicia Militar.

Antes de elevar el anteproyecto al presidente Kirchner, el Ministerio de Defensa abrió un "proceso de recepción" de observaciones por parte de entidades civiles y las tres Fuerzas Armadas.

La guía en ese trabajo fueron las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en relación a la denominada justicia militar, contenidas en 19 principios.

También respondió al compromiso asumido por el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de reformar la justicia militar.

Ese compromiso fue adoptado a partir de la denuncia de un oficial detenido por haber declarado contra sus superiores en la causa por el crimen del conscripto Omar Carrasco, un caso que, por otra parte, derivó en el fin del servicio militar obligatorio.

En diciembre de 2006, una delegación de la CIDH que visitó Buenos Aires le expresó a Garré que el "impulso" del Ministerio de Defensa fue "determinante" para el proceso de "solución amistosa" en ese caso y posibilitó el proceso de reforma que implicará la derogación del Código de Justicia Militar.

Los miembros de la CIDH destacaron que la reforma del sistema de justicia militar promovida en Argentina constituye una "guía fundamental para similares procesos en todo el hemisferio" y que el proyecto del Ejecutivo satisface los estándares de la Comisión en materia de protección de derechos fundamentales y debido proceso.

Por otra parte, un fallo de la actual Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el sistema penal castrense en un caso donde se había condenado a un oficial a un año de prisión por falsear documentación.

La Corte declaró nulo todo el proceso y ordenó la liberación del militar porque no se le permitió la libre elección de un abogado defensor de confianza, garantía que contempla expresamente el proyecto de reforma firmado por el presidente Kirchner.

En la misma causa, tres de los siete jueces de la Corte (Eugenio Zaffaroni, Ricardo Lorenzetti y Carlos Fayt) opinaron que toda la justicia militar es contraria al orden jurídico porque no asegura la independencia de los jueces y viola la división de poderes.